Reiteración e insuficiencia del art. 22 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativo, en lo que se refiere a la comparecencia de la mujer casada y del menor adulto

Abstract

Cada hombre, mujer y niño tienen el derecho a estar libre de discriminación basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición, así como a otros derechos humanos fundamentales que dependen de la realización plena de los derechos humanos para la protección de la discriminación. Estos derechos se encuentran establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales. El Ecuador es un Estado de derechos y justicia, donde todos las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, es por ello que el presente trabajo se lo ha elaborado tomando en cuenta la importancia de la comparecencia de la mujer casada y del menor adulto, en caso que existiere algún reclamo en cuanto a la vulneración de derechos objetivos y/o subjetivos, dentro de la administración pública. Particularmente la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa ha sido concebida por el legislador, para garantizar a las personas naturales o jurídicas el derecho a impugnar los reglamentos, actos y resoluciones de la Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que cause estado, y vulneren un derecho o interés directo del demandante; así como contra resoluciones administrativas que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con esta se infringe la ley en la cual se originan aquellos derechos, es decir todos se encuentra en igual de circunstancias, donde los derechos deben regirse por los principios constitucionales vigentes, caso contrario carecería de eficacia jurídica. Por estas consideraciones, en la ley en referencia artículo 22, se indica que en demanda contencioso - administrativo, la mujer casada puede comparecer sin autorización o licencia del marido, norma jurídica que pone en evidencia que se pretende establecer una relación legal y vinculo de la mujer a su cónyuge, tornándose discriminatorio cuando de manera específica el derecho administrativo garantiza los derechos legales personales e individuales que han sido violentados por los organismos previstos en el artículo 24 donde se establece como sujeto pasivo de la acción es el órgano de la Administración Pública y las personas jurídicas semipúblicas de que proviniere el acto o disposición a que se refiere el recurso y las personas naturales o jurídicas a cuyo favor derivaren derechos del acto o disposición. Sobre el mismo tema, se dice que la comparecencia de los accionantes está debidamente prevista en el artículo 23, Derecho de Comparecencia de la ley invocada, cuyos requisitos son explícitos en los artículos 30 y 31, inclusive en el Código Civil y de Procedimiento Civil, instituye la capacidad del actor dentro de un proceso; por consiguiente se torna innecesario el contenido del artículo 22 de la citada Ley. En lo que compete a materia Administrativa y como así lo establece la Constitución, los Derechos Objetivos y Subjetivos son personales y por ende en caso de conyugues, estos no dependerían de autorización o licencia del marido en caso de que la recurrente sea su conyugue. Lo que sí es aplicable para el menor adulto, quien debe actuar en el proceso por parte de quien se encuentra ejerciendo la patria potestad o inclusive en casos que la misma ley lo prevé por un curador especial o curador Ad-Liten