Reforma del art. 33 de la ley del sistema nacional de registros y datos públicos, en relación a la fijación de los aranceles de los servicios de registros y certificaciones

Abstract

El Art. 33 de la Ley del Sistema Nacional de Registros y Datos Públicos, se ampara al principio constitucional de equidad tributaria, en lo que respecta a la fijación de aranceles, por un lado señala que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos establezca el valor de los servicios de registro y certificaciones mediante una tabla de aranceles acorde a las cuantías de los actos a celebrarse, documentos de registro y jurisdicción territorial, y por otra, en la misma disposición, esta potestad la otorgan a cada municipio de acuerdo a su respectivo estudio técnico financiero. El Art. 28 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos tiene por objeto la de coordinar el intercambio de información de los registros de datos públicos; ya que al contar con registros públicos de distinta naturaleza lo más lógico es que todos los registros que manejan datos públicos, que hoy le interesan al Estado, depositen la información en una base de datos central para luego a través de la aplicación de la tecnología de la información y comunicación, hacerla accesible a las demás instituciones del Estado. El valor de los servicios de registro y certificaciones, debe ser regulada únicamente por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, y no por el municipio en base a su respectivo estudio técnico financiero, porque la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos se depositan los datos, para de allí hacer accesibles las demás instituciones del Estado, y con ello se garantice el derecho a la propiedad en todas su formas, cuya conformación, transparencia, y consolidación jurídica, requiere de un registro fiable.