NECESIDAD DE INCORPORAR EN LA LEY DE INQUILINATO UN TERMINO DE PRUEBA EN LOS TRÁMITES DE DESAHUCIO PARA LEGITIMAR SU PROCEDIMIENTO.

Abstract

El Ecuador es un país constitucional de derecho y justicia social, regido bajo una norma suprema que es la Constitución de la República, donde el Estado está al servicio de la garantía de los derechos fundamentales de todos los habitantes. En ese sentido, todo el cuerpo normativo debe guardar concordancia con los mandatos, deberes, derechos, obligaciones y garantías que la Constitución consagra. Uno de ellos, esos derecho consagrado en el Art. 375 numeral 7 de la Constitución, que asegura que toda persona suscriba contratos de arrendamiento frente al problema de la vivienda en el país. A la Ley de Inquilinato, por su parte, le corresponde normar toda relación que emana de tales contratos entre los arrendadores y arrendatarios. Para la terminación de los contratos de arrendamiento la Ley de Inquilinato prevé un proceso llamado desahucio para los casos de transferencia de dominio y por demolición del local arrendado, procedimiento que de la forma establecida en esta ley violenta derechos y garantías constitucionales como es el debido proceso, la seguridad jurídica; pues el legislador no ha previsto un termino de probatorio para este tipo de desahucio ante la actitud del arrendador. Expuesto de esta manera, los arrendatarios o inquilinos se encuentran en un estado de indefensión y vulnerabilidad de sus derechos pues la Constitución como norma jerárquicamente superior dispone y asegura en ningún caso la persona quedará en indefensión, de ahí que la Ley de Inquilinato debe guardar coherencia con los preceptos en ella establecidos.