Necesidad de reformar el artículo 95 del código de la democracia para exigir como requisito la titulación de tercer nivel en la especialidad de derecho a quienes opten por la dignidad de asambleístas de la República del Ecuador

Abstract

Una vez que los movimientos independentistas y libertarios, desterraron de América al colonialismo europeo, tras años de sacrificio de la vida y la sangre de hombres y mujeres valerosos en pro de un futuro en el cual pudieran auto determinarse como un pueblo soberano; paulatinamente uno a uno, los territorios de la América Latina, emprendieron la extensa y ardua labor de la instauración de la República, y con ella del Estado, los derechos y obligaciones, que todos los elementos que permitieron dar un giro de 360° en la vida de los pueblos de este lado del planeta. A través de los movimientos republicanos se buscaba, no sólo la salida de los colonos, también se propugnó la intervención de los grupos sociales que tradicionalmente fueron esclavizados, convirtiéndolos en entes activos del quehacer de la sociedad, en la que hombres y mujeres, tomen las riendas de su vida y de su nación, para ello era imprescindible la creación de un gobierno propio. Una de las bases sobre las cuales se promovió a la República, fue la aplicación de la democracia, un sistema a través del cual de entre todos los miembros de la comunidad se escogería a un grupo de líderes propios, para administrar en la forma más eficaz y transparente posible los destinos y los recursos de cada uno de los territorios. Es a partir de estos sucesos, que la democracia, el Estado, la representatividad y la participación ciudadana, dan sus primeros pasos en la historia no sólo del Ecuador sino de América Latina. Hoy en día tenemos plenamente claro el concepto de Estado, gobierno, autoridades y demás entes que lo conforman y lo administran, en base a nuestra voluntad expresada en el voto. En el servicio público aplicado hoy en día, se procura la aplicación del principio de meritocracia en la selección de los servidores públicos, lo que garantiza la eficiencia y la eficacia de los mismos y el buen funcionamiento de las instituciones. Este aspecto debe ser tomado en cuenta aún con más cuidado en las dignidades de elección popular, tomando como base el alto grado de responsabilidad y representatividad que tienen en sus manos. No sólo el perfil ético, moral y personal debe ser considerado, sino también la preparación académica que les permita ejercer la función legislativa para la que han sido elegidos. No se pretende discriminar ni anular el derecho constitucional a elegir y ser elegidos; más bien, con esta propuesta de reforma jurídica se pretende conseguir eficiencia y eficacia dentro del seno de la Asamblea, pues al ser profesionales en Derecho, los asambleístas estarían en la capacidad de legislar y fiscalizar sin la necesidad de contratar un sinnúmero de “asesores”, consiguiendo así además un ingente ahorro económico al Estado Ecuatoriano.