La normativa en materia de contratación pública no establece el procedimiento para aplicar la recepción de pleno derecho

Abstract

El contrato administrativo es el medio por el cual el Estado establece vínculos y relaciones jurídicas, con el objeto de obtener de los particulares, bienes, obras y servicios, que le servirán al Estado para cumplir con sus fines sociales; de este modo es evidente, que por un principio de eficiencia económica el Estado delega algunas de estas funciones a particulares. El instrumento fundamental para lograr esta vinculación entre la administración y los particulares es la contratación pública, misma que establece los procedimientos y etapas del proceso de contratación entre los organismos del Estado y los proveedores. De esta relación jurídica, surgen derechos y obligaciones para ambas partes; la principal obligación del proveedor, es la entrega de la obra, bien o servicios, de acuerdo con las condiciones fijadas en los pliegos contractuales; mientras que la de la administración es, recibir la obra y realizar el pago definitivo por tal concepto, para que de esa forma se dé por extinguido el contrato. Sin embargo, ante ciertas irregularidades y negativas de la administración por recibir el objeto contractual, dentro de la ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se estableció una figura de recepción de pleno derecho o recepción presuntiva, misma que en la actualidad no tiene un procedimiento de regulación adecuado, que garantice los derechos de las dos partes, y en última instancia, el interés público que representa el Estado.