Inconstitucionalidad del artículo 186, inciso segundo de la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional.- propuesta de reforma

Abstract

La matriz problemática generada luego del proceso de análisis y deducción previo el reconocimiento de las técnicas y procedimientos propios de una investigación jurídica de carácter aplicada, se enfoca en la revisión y estudio teórico de importantes instituciones y figuras jurídicas de relevante connotación en el área del Derecho Positivo; En consecuencia la delimitación del problema objeto de estudio se orienta al estudio de un área de derecho público, como en efecto lo es el derecho procesal constitucional, con relación a la estructura de la Corte Constitucional, sus funciones, su ámbito de competencias y al régimen de control por las actuaciones que desempeñan. Desde esta perspectiva considero necesario y pertinente identificar nudos críticos dentro la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, principalmente en lo atinente al trato diferencial que se le reconoce al juez constitucional dentro del marco de la ley en mención, lo cual me parece debe ser objeto de revisión y de una crítica constructiva para subsanar los problemas jurídicos que se derivan; Precisamente es la norma contenida en el Art. 186, inciso segundo de la ley objeto de análisis en relación al proceso de investigación de presuntas infracciones de los jueces de la corte constitucional y los presupuestos que deben observarse para su procedencia; para esto es necesario citar textualmente la referencia legal: “la responsabilidad penal por hechos punibles cometidos durante y con ocasión de las funciones ejercidas en la judicatura, serán objeto de denuncia, investigación y acusación única y exclusivamente por la o el Fiscal General del Estado, y de juicio por el pleno de la Corte Nacional de Justicia, con el voto afirmativo de las dos terceras partes de su integrantes; excepto en lo que tiene que ver con las opiniones, fallos y votos emitidos en el ejercicio de su cargo, en cuyo caso, no serán objeto de responsabilidad penal”. La norma que antecede a mi criterio es inconstitucional en base a las siguientes argumentaciones, en primer lugar porque los jueces de la Corte Constitucional quedan exentos de responder por delitos como el de prevaricato al emitir una resolución o sentencia, que implica actuar con dolo. Por otra parte el enunciado normativo limita el acceso a la justicia penal en contra de un juez de la Corte Constitucional, que no puede ser objeto de una denuncia por un ciudadano afectado por la comisión de un delito, quebrantando el principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley previsto en el Art. 11 numeral 2 de la Carta Magna. De manera que si el Fiscal General no presenta una denuncia, nadie puede hacerlo. Así mismo me parece que redunda en inconstitucional el hecho de que se exija una mayoría calificada del pleno de la Corte Nacional de Justicia para llevarlo a juicio a un juez de la Corte Constitucional, pues el sistema penal ecuatoriano se fundamenta en el modelo acusatorio, en que el titular de la acción y de la acusación es la Fiscalía General del Estado de acuerdo a lo preceptuado en Art. 195 de la Constitución de la República.