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Título : Exímase hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el informe previo de indicios de responsabilidad penal emitido por la contraloría general del estado, en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito
Autor : Quiroz Castro, Darwin Romeo
Bustos Parra, Mario Armando
Palabras clave : DERECHO
RESPONSABILIDAD PENAL
PECULADO
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Fecha de publicación : 2017
Resumen : Esta investigación intitulada, trata de aspectos relevantes sobre los presupuestos de procedibilidad o informes de indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado, como un requisito previo que requiere el Fiscal, a efecto de ejercer o iniciar la acción penal cuando el delito se refiera exclusivamente a peculado y enriquecimiento ilícito, producto de la mala administración o despilfarro de los recursos públicos. Enfocado desde el punto de vista, constitucional, doctrinario y jurídico, así como desde la perspectiva socio jurídico, los presupuestos de procedibilidad dispuestos en el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, constituye el informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, sin el cual no se puede ejercer la acción penal contra los delitos por peculado y enriquecimiento ilícito, limitándose a través de este requisito el accionar del Fiscal con respecto a la obtención de pruebas suficientes y pertinentes, afectándose derechos y principios constitucionales como del debido proceso, de la seguridad jurídica, de oportunidad, eficacia, celeridad, etc. Al tratarse de un problema jurídico, me centralizo en estudiar la parte constitucional, verificando los principios y derechos constitucionales que pueden ser afectados por los presupuestos de procedibilidad, cuando el operador de justicia omite o se justifica su actuación en función de este procedimiento procesal, trayendo consigo repercusiones sociales que atentan contra el orden moral y la justicia, socava la legitimidad de las instituciones, atenta contra la sociedad, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Finalmente, en la última parte de este apartado contrasto un estudio de casos que me permiten ilustrar y verificar la problemática jurídica que causa el informe de indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado como requisito de procedibilidad, y evidenciar a través de la legislación comparada la correlación de este precepto reglamentario con la normativa legal que para conocimiento de este tema se manejan en otros países. De esta manera en el presente trabajo se demuestra la inconveniencia de mantener en vigencia, el informe de indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, como un presupuesto de procedibilidad a efecto de iniciar la acción penal por delito de peculado y enriquecimiento ilícito, considerando las secuencias de impunidad que se causa por este motivo, para ello se propone que este informe se lo conozca en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, a efecto que Fiscalía actué de oficio durante la etapa de instrucción y aporte con elementos de convicción, de cargo y descargo que permita o no una acusación en contra de la persona procesada.
Descripción : This investigation, which deals with relevant aspects of the procedural budgets or reports of indications of criminal responsibility issued by the Comptroller General of the State, as a prerequisite that requires the Prosecutor, in order to exercise or initiate criminal action when the crime is Refers exclusively to embezzlement and illicit enrichment, as a result of mismanagement or waste of public resources. Focused from the point of view, constitutional, doctrinal and juridical, as well as from the socio-legal perspective, the procedural budgets provided in article 581 of the Integrated Code of Criminal Procedure, constitutes the previous report on indications of criminal responsibility issued by the Comptroller General Of the State, without which it is not possible to prosecute crimes for peculation and illicit enrichment, limiting through this requirement the prosecutor's action with respect to obtaining sufficient and relevant evidence, affecting constitutional rights and principles as the Due process, legal certainty, timeliness, effectiveness, celerity, etc. Being a legal problem, I focused on studying the constitutional part, verifying the principles and constitutional rights that can be affected by the procedural assumptions, when the justice operator omits or justifies its action in function of this procedural procedure, bringing With social repercussions that undermine the moral order and justice, undermine the legitimacy of institutions, undermine society as well as against the integral development of peoples. Finally, in the last part of this section I contrast a case study that allows me to illustrate and verify the legal problems caused by the report of indications of criminal responsibility issued by the Comptroller General of the State as a procedural requirement, and evidence through the Legislation compared the correlation of this regulatory precept with the legal regulations that for knowledge of this subject are handled in other countries. In this way, the present work demonstrates the inconvenience of maintaining in effect the report of indications of criminal responsibility issued by the Comptroller General of the State, as a procedural budget in order to initiate criminal action for pecuniary offense and illicit enrichment , Considering the sequences of impunity that is caused by this reason, it is proposed that this report be known at the evaluation hearing and preparatory trial, to the effect that the Prosecutor's Office acted ex officio during the investigation stage and contribution with elements of Conviction, charge and discharge that allows or not an accusation against the person processed.
URI : http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/18603
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