Necesidad de reformar el artículo 265 del código orgánico integral penal, en cuanto a la sanción establecida, a efecto de garantizar la debida proporcionalidad entre la infracción penal y la sanción

Abstract

El art. 1 de nuestra Constitución determina al Ecuador en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, garante de los Derechos de las personas. Para poder precautelar estos derechos o bienes jurídicos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, la legislación penal debe buscar el puno de equilibrio entre la protección de estos derechos y la potestad que tiene el Estado de castigar, limitando el ius puniendi. Por ello, el derecho penal debe determinar los límites para no caer en la venganza privada, ni en la impunidad. El delito es una conducta antijurídica que lesiona un bien jurídico determinado en la Constitución y protegido por la ley penal. El derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente a los derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, por otro, los restringe. Desde la perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido gravemente lesionado. Desde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una persona vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción. Nuestro Código Orgánico Integral Penal, es débil con los fuertes y fuerte con los débiles, muchas de las infracciones tipificadas no son proporcionales con la pena. La proporcionalidad constituye un instrumento de control de constitucionalidad de medidas restrictivas de derechos fundamentales. Es el más importante principio del derecho constitucional, que se aplica con claridad, a través de reglas que lo constituyen un sistema de controles precisos de evaluación de constitucionalidad de las medidas restrictivas de derechos fundamentales para declarar la inconstitucionalidad o eventual declaración de admisibilidad constitucional, lo cual permitirá generar una mejor justicia y un mayor disfrute de los derechos fundamentales, que constituyen uno de los pilares del ordenamiento jurídico en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Una de las garantías fundamentales del debido proceso, las penas estén acorde con el principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta relación coherente entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena.