Necesidad de reformar el art. 81 de la Ley Orgánica del servicio público por cuanto discrimina los derechos constitucionales de los adultos mayores

Abstract

La historia de la humanidad está llena de un constante cambio fruto de la vida misma y considerando todos los aspectos que conforman ésta vida encuentro como parte importante el trabajo, el cual como todo lo demás, ha sufrido transformaciones en su ejecución aún encontramos actividades que se realizan de forma exclusivamente manuales. Así como otras actividades en donde la tecnología facilita realizar la mayor parte del trabajo, ha cambiado la forma de relacionarse entre sí las personas en función del trabajo. Actualmente realizar un trabajo en relación de dependencia, se encuentra reglamentado por las leyes laborales que protegen tanto al empleador como al trabajador, procurando así, evitar las distintas clases de explotación laboral. Entre los beneficios que los trabajadores han conseguido después de varias jornadas de lucha, se encuentra el reconocimiento del trabajo como forma digna de vivir y ya no como algo que era realizado por los castigados, por quienes no podían ser considerados ni siquiera casi como personas. Es así que en base a los esfuerzos, casi todos los países del mundo, reconocen derechos específicos a los trabajadores, derechos que ya no consideran como algo más que mera letra muerta, más bien encontrándose estos derechos ya reconocidos de forma constitucional en casi la totalidad de los países del mundo. En el caso de Ecuador, nuestra Constitución, establece al trabajo como un deber y un derecho, una forma de obtener una vida decorosa y promulga que será deber del estado promover todo lo necesario para crear fuentes de trabajo, que aseguren el acceso al mismo a todos los ecuatorianos. También nos habla a que en el estado ecuatoriano todas las personas serán tratadas por igual, sin que sean objeto de discriminación alguna, así lo establece entre otras leyes artículos normas y en el caso del Art.11 cuando claramente nos indica “El ejercicio de los derechos se regirá por loe siguientes principios:.. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidad. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural…”, Entonces si esa es la premisa constitucional, lo que manifiesta la Ley Orgánica de Servicio Público, Art. 81 párrafo 6 “las servidoras y servidores a los setenta años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto”, La aplicación de este texto constitucional se convierte en una clara inconstitucionalidad porque está claramente en contra de las personas que ha cumplido los setenta años de edad, sin considerar situación alguna únicamente el hecho de que se cumplió los setenta años. Si bien es cierto que son varios países los que comparten este criterio de poner un límite de edad para que las personas dejen la actividad laboral también es cierto que no todas han establecido como obligatoriedad el cumplimiento de una edad específica para que se deba dejar el trabajo. Puede observarse entonces que por un lado nuestra Constitución, enmarca todos los principios de respeto para una sociedad específica siendo las leyes del mismo estado a través de su potestad quien expide una ley que trasgrede completamente la Constitución. Transgresión que impactara en un sector social que está destinado a situaciones difíciles de vida sin poder realizar actividades que si tiene capacidad de realizarlas. El trabajo de acuerdo a la nuestra Constitución es una obligación y depende de que si lo hacemos o no el que tengamos una vida decorosa esto implica que mientras estamos trabajando se tiene la forma de acceder a los distintos bienes que son indispensables para que podamos tener una existencia saludable, pacífica y nuestra vida sea de calidad. Siendo así, al existir la obligación de dejar de trabajar al cumplir los setenta años, entonces el estado obliga a las personas para que a partir de esa edad, pierda la calidad de vida que ha tenido, pierda la dignidad y el decoro, o lo que es peor, ya no es sujeto de derechos, ya no tiene la protección constitucional con la que cuenta el resto de la sociedad, hasta cumplir los setenta años.