Incidencia del proceso sancionatorio a directivos de las instituciones educativas, mencionados en las prohibiciones del artículo 132 de la ley orgánica de educación intercultural.- propuesta jurídica de reforma

Abstract

Los procesos sancionatorios en el Ecuador se dan dentro del marco legal vigente y su ámbito de aplicación abarca a los funcionarios públicos que han incumplido con una de sus obligaciones, en este caso son los directivos de las instituciones educativas siendo estos rectores o directores parte del Ministerio de Educación. Cuyo final luego de un debido proceso concluiría en la aplicación del régimen disciplinario de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Publico LOSEP. Dentro del Ministerio de Educación se encuentran inclusos y sujetos de estas medidas administrativas los docentes y directivos institucionales. Para lo cual la ley a su vez se encuentra tipificado el procedimiento en caso de ser establecimiento fiscal o particular o fiscomisional; el presenta caso de investigación se circunscribe a procedimiento para instituciones educativas fiscales. Uno de los aspectos más importantes del proceso sancionatorio es la aplicación correcta de la ley al funcionario motivo de este proceso; toda vez que ello conllevaría a la aplicación de sanciones disciplinarias de suspensión temporal o destitución. El servidor sumariado dentro de este proceso tiene derecho a ejercer su legítima defensa y al debido proceso, esto es parte de los derechos existentes en la constitución del estado, y a la vez tiene toda la potestad para justificar pruebas y demás de acuerdo con lo imputado en el proceso sancionatorio. Con esto el estado busca a través de la ley investigar y aclarar a través de sus distintos funcionarios del área de Talento Humano o Junta Distrital de Resolución de Conflictos JDRC, todos los aspectos imputados al funcionario, en cuyas recomendaciones se concluirá o no con la sanción al funcionario. El Estado como tal garantiza la aplicación correcta de la ley; si el servidor público en caso de considerar que sus derechos han sido violentados, debe presentar los debidos reclamos en los estratos jurídicos existentes para el efecto. En algún momento luego de concluido un proceso de sumario administrativo habrá servidores públicos que estén inconformes con una decisión en este sentido por parte de la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, por lo cual debería hacer uso del derecho a la defensa cuya demanda debe ingresarla en los tribunales de la jurisdicción a la que corresponde. Pero siempre se debe recordar que en el fondo el estado siempre buscara que una sanción administrativa se demuestre como la expresión de un derecho que le asiste al estado del Ecuador y a su administración publica basada en el derecho tenga en su afán de sancionar según sea el caso.