El apremio personal contenido en el codigo de la niñez y la adolescencia por falta de pago de las pensiones alimenticias constituye una afectacion a los derechos del alimentante.

Abstract

El Código de la Niñez y la Adolescencia contiene un conjunto de medidas judiciales posibles a ser adoptadas, cuando los obligados directos o subsidiarios incumplen con el pago de prestar alimentos, sin embargo en el Ecuador muchos padres de familia se excusan debido a distintas circunstancias de hecho, comúnmente la falta de trabajo que les permita contribuir al sustento de sus cargas familiares. Ante la imposibilidad de obtener resultados positivos por la vía ejecutiva, se intentan las sanciones conminatorias, para torcer la voluntad del progenitor y lograr que éste cumpla con el pago de la cuota. Las sanciones son motivo para que el individuo regule su conducta conforme al uso (coacción individual), se afirma que más importante que los efectos de la sanción sobre la persona a la que se aplican, son las que se producen sobre otras personas que integran la comunidad o sobre toda la sociedad (coacción social). Sin embargo, el tema es si la misma es eficaz. Se puede decir que dicha eficacia comprende dos aspectos; El primero es la eficacia en cuanta coacción, tanto en su faz individual como colectiva. El segundo, si es eficaz para cumplir su cometido, es decir, si con su aplicación se logra que el deudor alimentario cumpla con su obligación. Varias de las sanciones establecidas no son eficaces en cuanto a la coacción, aunque paradójico, otras que lo son, si se aplican, no por ello se logrará su objetivo final: el cumplimiento del deber alimentario. El apremio personal se emplea para compeler a las personas a que cumplan por sí, con las órdenes del juez, como el pago de alimentos, dejando constancia que el apremio personal se refiriere a la privación de la libertad del demandado. Los apremios, que básicamente son medidas de fuerza que se ejercen en contra del alimentante moroso, a fin de constreñirlo a cumplir con el pago de las pensiones alimenticias atrasadas. Estos apremios deben ser siempre decretados por el juez competente y proceden sólo en determinados casos y bajo ciertas circunstancias, en atención al grave daño que implican para los derechos y garantías del alimentante.