La necesidad de reformar el artículo 48 del capítulo v de la ley orgánica de servicio publico, en relación a la usura como causal de destitución

Abstract

En el Derecho Administrativo exigirá que, las normas sancionadoras, no que garanticen una certeza absoluta, sino una predicción razonable, en el derecho disciplinario carece de vigencia el principio de la ley más benigna, atento que la readmisión en el empleo y la revisión sumarial se aplican con carácter específico, sí tiene vigencia en este Derecho el principio non bis in ídem, el cual no es inherente sólo al derecho que deriva de la razonabilidad que, como calidad de lo razonable, se extiende profusamente tanto a la actuación jurídica como a la ciencia jurídica. Se reconoce la importancia cuando está vinculado a la pérdida de un derecho subjetivo, tampoco rige, en forma absoluta el principio de tipicidad que exige la aplicación de la ley, por consiguiente, las faltas disciplinarias se enuncian en las normas, de modo genérico, debiéndoselas interpretar en forma amplia. Y esto es así porque las faltas son violaciones a los deberes genéricos, no pudiendo preverse en las diversas normas las posibles conductas sancionables. En efecto, ninguna conducta reprochable puede ser investigada por efectos razonables a los derechos sustanciales de las personas, y aquí rige el principio de concentración, y la base es la teoría de la identidad de las acciones, o de las pretensiones, cuando se debe establecer una escala de faltas juntamente con un correlativo rango de sanciones, cuya aplicación depende de las autoridades competentes, quienes no podrán variar o aumentar las consecuencias de ningún modo. Desde el punto de vista instrumental, el derecho disciplinario tiende a investigar la existencia de la falta administrativa, independientemente del cuerpo del delito, su objetivo principal es comprobar, verificar o investigar, el incumplimiento del deber presuntamente suscitado por el comportamiento de las personas en calidad de estudiantes universitarios, que los principios probatorios pertenecen a la teoría general de las pruebas, instituyéndose así la técnica jurídica adecuada para luego juzgar por el sistema de la racionalidad crítica las que deben ser verificadas. El procedimiento disciplinario, habrá de desarrollarse con absoluto respeto a los principios pertenecientes al debido proceso legal, su estricto acatamiento propenderá a la juridicidad de la actividad administrativa.