Propuesta de reforma legal al libro segundo, titulo ii, sección iv-a del código de comercio, relacionado a la venta con reserva de dominio

Abstract

La Asamblea Nacional, en su deber de dictar leyes, entre otras las dirigidas al cumplimiento y protección del comercio entre los ciudadanos de la patria, ha olvidado reformar, derogar, o añadir artículos que permitan resguardar los derechos, de quienes por una u otra razón compran o venden bienes en las formas establecidas en las leyes, una de estas, es la compra de bienes muebles, dejando el dominio de la cosa al acreedor hasta que el comprador realice pago total de la misma. Si tomamos en cuenta que el comercio desde sus inicios en el mundo, permitió el desarrollo de las sociedades creando así un sistema que permite al ser humano poder elaborar objetos o bienes muebles con el fin de ofertarlos en el mercado y venderlos al mejor postor, utilizando los mecanismos que se han ido estableciendo y perfeccionando, para así poder ejecutar dichos mecanismos en beneficio de quienes intervienen en estas negociaciones. Es así que con el transcurrir de los años a través de la historia el comercio se ha ido tecnificando y se han creado nuevos métodos y procedimientos, con el fin de vender un bien o un servicio, esto con la intención de beneficiar tanto al comprador como al vendedor. Es por esa razón que el ser humano en su afán de seguir evolucionando dentro del ámbito mercantil instauró dentro de las leyes comerciales, unas que permitan al comprador adquirir, un bien mueble, con una modalidad muy accesible de pago, esto es el pago financiado o a plazos que permita en un determinado tiempo adquirir el dominio total del bien mueble. Una de estas formas es la venta con reserva de dominio, que como ya se indicó al inicio permite al vendedor reservarse el dominio de la cosa vendida hasta el pago total de la misma, pero entregando el bien al comprador para su uso y goce desde el momento en que se ejecuta la transacción. El problema de la venta con reserva de dominio se hace visible porque no existe una legislación apropiada, al igual que se hace visible un impropio sistema de justicia, el que debe estar dotado y suponer un marco legal adecuado que garantice el debido proceso, y la seguridad jurídica, a las partes que intervienen en dichos litigios.