Inaplicabilidad del art. 22 de la ley de seguridad pública y del estado en relación a la prohibición de obtención de información personal o de carácter privado

Abstract

El plan de investigación jurídica que presento a continuación tiene como fundamento jurídico la revisión de la ley de seguridad pública y del estado vigente desde el año 2009, normativa que estimo es de gran relevancia para los intereses estatales y el cumplimiento de objetivos gubernamentales. La ley en referencia tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y justicia y todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado. En el Art. 2 de la ley se han establecido sus ámbitos, lo cual estimo necesario citar para estructura posteriormente lo que estimo constituye un problema jurídico a tratar; refiere el mencionado artículo: “Al amparo de esta ley se establecerán e implementarán políticas, planes, estrategias y acciones oportunas para garantizar la soberanía e integridad territorial, la seguridad de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, e instituciones, la convivencia ciudadana de una manera integral, multidimensional, permanente, la complementariedad entre lo público y lo privado, la iniciativa y aporte ciudadanos, y se establecerán estrategias de prevención para tiempos de crisis o grave conmoción social.” La referencia legal que antecede nos permite conocer el amplio espectro regulatorio de la ley, que a primera vista es justificable que el estado asegure y garantice todos y cada uno de los objetivos ahí expuestos; sin embargo es preciso identificar aquellos excesos que la ley objeto de revisión presenta y que a mi juicio deben ser objeto de una revisión por parte de la Asamblea Nacional para salvaguardar precisamente intereses públicos y ciudadanos; Precisamente estimo que uno de los problemas jurídicos que se ha generado se deriva de lo preceptuado en el art 22 de la ley objeto de estudio y que textualmente refiere: Art. 22.- De la prohibición.- Ningún organismo de inteligencia está facultado para obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su etnia, orientación sexual, credo religioso, acciones privadas, posición política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. Surge indudablemente un conflicto jurídico que se evidencia en primer término por la inaplicabilidad de la norma que antecede, se trata de un problema de grave connotación a nivel social, pues es aparato estatal en ciertos casos se ha excedido en su función de control a través de los mecanismos que emplea la Secretaría Nacional de Inteligencia, habiéndose generado una suerte de intromisión e injerencia en la vida privada de ciudadanos por el solo hecho de expresar inconformidad con las políticas gubernamentales de turno, es decir, la función de inteligencia no ha sido aplicada para cumplir sus fines naturales dispuestos en la ley, sino que ha servido para identificar opositores al gobierno, constituyendo de esta forma, un riesgo para la comunidad en general, pues en algunos casos se ha trastocado la verdadera función de los procedimientos de inteligencia, lo cual ha derivado en afectación de derechos de carácter fundamental como la privacidad, el honor, la honra, el nombre y la imagen de los sujetos de derechos.