Necesidad de incorporar en la legislación ecuatoriana la posibilidad de registrar voluntariamente las uniones de hecho

Abstract

En el Ecuador y en el Mundo nos encontramos en una evolución ideológica y moral mucho más razonable que en épocas del imperio Romano o de la aparición de la Unión Soviética, a pesar de ser un punto positivo, surgen todavía problemas legales, familiares, culturales o sociales, que causan inconformidad en la sociedad, estando muy lejos de la utopía de un Mundo perfecto. La Unión de Hecho nació como una figura jurídica para proteger a las parejas conformadas entre un hombre y una mujer, que estén libres de vínculo matrimonial, convivan en forma estable y monogámica, habiendo de esta forma formado de hecho un hogar, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, la misma que da origen a una sociedad de bienes sujeta al régimen de la sociedad conyugal, lo que implica reconocerse mutuamente los derechos y obligaciones (muy parecidas a las del matrimonio) y que no quieran contraer matrimonio y se encuentre reconocida ante autoridad competente. En el medio ecuatoriano aparece como una necesidad social, para dar validez legal a las uniones irregulares y evitar problemas jurídicos que se producen en un futuro, de alguna manera este instrumento aporta al desarrollo de nuestra sociedad y para que surta sus efectos se encuentra regulado en la Constitución de la República y en el Código Civil, institución jurídica que requiere una atención prioritaria, debido al alto incremento de este tipo de uniones en las últimas décadas y el Registro Civil, Identificación y Cedulación, no cuenta con un registro especializado y taxativo para ello, quedando en el limbo la uniones de hecho legalizados y al no poderlas inscribir para que surtan los efectos legales respectivos. También ha influenciado en el alto índice de uniones de hecho, la promulgación de la actual Constitución donde se deja abierta la legalización de uniones de hecho entre personas del mismo sexo. En definitiva, la unión de hecho en toda época debe estar protegida por el reconocimiento del Estado y la sociedad tanto en su conformación, efectos, régimen de bienes e inclusive en su forma de poner fin a su existencia, es decir, a través de su terminación legal.