REFORMA DEL ARTICULO 74 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR A FIN DE QUE LOS SERVICIOS AMBIENTALES PUEDAN SER REALIZADOS POR PERSONAS JURIDICAS, PUBLICAS Y PRIVADAS

Abstract

Los Derechos de la Naturaleza, estipulados en el Capítulo Séptimo de la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 74 en el segundo inciso estipula que: “…Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación…”; lo que implica que solamente el Estado Ecuatoriano, y por delegación a través de sus instituciones, serán las encargadas de prestar servicios ambientales.

Sin embargo, encontramos que existen numerosas personas naturales y jurídicas privadas, que prestan servicios ambientales, especialmente en lo que corresponde inclusive a poseer y destinar grandes propiedades a áreas protegidas. Tenemos el caso por ejemplo en Loja, del Bosque del área Dr. Servio Aguirre Villamagua, declarado área de bosque y vegetación protector, ubicado en el sitio El Sayo, jurisdicción de la parroquia Santiago, cantón y provincia de Loja, de setenta hectáreas. De igual forma solamente, para citar como ejemplo en la provincia de Loja, y en el cantón Loja, existe también otro Bosque privado, llamado Área Rumi Wilco, a petición del señor Orlando Falco y cuatro propietarios, se declara bosque y vegetación protectores a sus propiedades, ubicados en el sitio Yamburara, parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, con el propósito de emprender en acciones de conservación, investigación científica y reforestación con especies autóctonas de la zona a perpetuidad, suelo cuya extensión es de aproximadamente 40 hectáreas, terreno muy accidentado, erosionado y frágil de continuar con el proceso erosivo, debido a que han sido suelos de cultivo y desprotegidos de vegetación por algún tiempo; que es necesario conservarlos con vegetación permanente, permitiendo que el bosque se forme por sucesión y otros procedimientos adecuados, como enriquecimiento con especies nativas que aceleren el proceso. La Constitución de la República del Ecuador, se contradice con el Artículo 74 anteriormente citado, al garantizar a las personas, en el Artículo 66: “…26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” De igual forma el Artículo 71 estipula: “…El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.” Así mismo los tipos de propiedad que son reconocidos en el Artículo 321 que estipula: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.”

Otro punto de contradicción del Artículo 74 de la Constitución se genera con la Ley de Gestión Ambiental, la ley rectora de todas las normas ambientales; aunque publicada en 1999, cuyo estatus está vigente, de muy buena estructura, dado su aporte internacional y de especialistas, por el ejemplo el Artículo 9 señala que le correspondeal Ministerio del Ambiente:“…f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los distintos organismos públicos y privados;…”. En lo referente a los mecanismos de participación social establece en el Artículo 28 que: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado.”

E inclusive en el glosario de definiciones establece lo siguiente: “Áreas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.

Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado.”

Antecedentes con los cuales dejo establecida la necesidad de reformar la Constitución, incluyendo a la iniciativa privada en los mecanismos de los servicios ambientales, que no sólo puede o debe hacerlos el Estado Ecuatoriano, sino también corresponden a la iniciativa privada; como lo recalco con los numerosos ejemplos que cito, y que inclusive deberían ser mayor la participación privada de las personas naturales o jurídicas, ya que el Estado no tiene el personal, ni los recursos para abarcar con todo ello, que incluso responde a una enorme campaña y compromiso y trabajo en todo el país de educación y difusión.

Los Derechos de la Naturaleza, estipulados en el Capítulo Séptimo de la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 74 en el segundo inciso estipula que: “…Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación…”; lo que implica que solamente el Estado Ecuatoriano, y por delegación a través de sus instituciones, serán las encargadas de prestar servicios ambientales.

Sin embargo, encontramos que existen numerosas personas naturales y jurídicas privadas, que prestan servicios ambientales, especialmente en lo que corresponde inclusive a poseer y destinar grandes propiedades a áreas protegidas. Tenemos el caso por ejemplo en Loja, del Bosque del área Dr. Servio Aguirre Villamagua, declarado área de bosque y vegetación protector, ubicado en el sitio El Sayo, jurisdicción de la parroquia Santiago, cantón y provincia de Loja, de setenta hectáreas. De igual forma solamente, para citar como ejemplo en la provincia de Loja, y en el cantón Loja, existe también otro Bosque privado, llamado Área Rumi Wilco, a petición del señor Orlando Falco y cuatro propietarios, se declara bosque y vegetación protectores a sus propiedades, ubicados en el sitio Yamburara, parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, con el propósito de emprender en acciones de conservación, investigación científica y reforestación con especies autóctonas de la zona a perpetuidad, suelo cuya extensión es de aproximadamente 40 hectáreas, terreno muy accidentado, erosionado y frágil de continuar con el proceso erosivo, debido a que han sido suelos de cultivo y desprotegidos de vegetación por algún tiempo; que es necesario conservarlos con vegetación permanente, permitiendo que el bosque se forme por sucesión y otros procedimientos adecuados, como enriquecimiento con especies nativas que aceleren el proceso. La Constitución de la República del Ecuador, se contradice con el Artículo 74 anteriormente citado, al garantizar a las personas, en el Artículo 66: “…26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” De igual forma el Artículo 71 estipula: “…El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.” Así mismo los tipos de propiedad que son reconocidos en el Artículo 321 que estipula: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.”

Otro punto de contradicción del Artículo 74 de la Constitución se genera con la Ley de Gestión Ambiental, la ley rectora de todas las normas ambientales; aunque publicada en 1999, cuyo estatus está vigente, de muy buena estructura, dado su aporte internacional y de especialistas, por el ejemplo el Artículo 9 señala que le correspondeal Ministerio del Ambiente:“…f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los distintos organismos públicos y privados;…”. En lo referente a los mecanismos de participación social establece en el Artículo 28 que: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado.”

E inclusive en el glosario de definiciones establece lo siguiente: “Áreas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.

Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado.”

Antecedentes con los cuales dejo establecida la necesidad de reformar la Constitución, incluyendo a la iniciativa privada en los mecanismos de los servicios ambientales, que no sólo puede o debe hacerlos el Estado Ecuatoriano, sino también corresponden a la iniciativa privada; como lo recalco con los numerosos ejemplos que cito, y que inclusive deberían ser mayor la participación privada de las personas naturales o jurídicas, ya que el Estado no tiene el personal, ni los recursos para abarcar con todo ello, que incluso responde a una enorme campaña y compromiso y trabajo en todo el país de educación y difusión.

Los Derechos de la Naturaleza, estipulados en el Capítulo Séptimo de la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 74 en el segundo inciso estipula que: “…Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación…”; lo que implica que solamente el Estado Ecuatoriano, y por delegación a través de sus instituciones, serán las encargadas de prestar servicios ambientales.

Sin embargo, encontramos que existen numerosas personas naturales y jurídicas privadas, que prestan servicios ambientales, especialmente en lo que corresponde inclusive a poseer y destinar grandes propiedades a áreas protegidas. Tenemos el caso por ejemplo en Loja, del Bosque del área Dr. Servio Aguirre Villamagua, declarado área de bosque y vegetación protector, ubicado en el sitio El Sayo, jurisdicción de la parroquia Santiago, cantón y provincia de Loja, de setenta hectáreas. De igual forma solamente, para citar como ejemplo en la provincia de Loja, y en el cantón Loja, existe también otro Bosque privado, llamado Área Rumi Wilco, a petición del señor Orlando Falco y cuatro propietarios, se declara bosque y vegetación protectores a sus propiedades, ubicados en el sitio Yamburara, parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, con el propósito de emprender en acciones de conservación, investigación científica y reforestación con especies autóctonas de la zona a perpetuidad, suelo cuya extensión es de aproximadamente 40 hectáreas, terreno muy accidentado, erosionado y frágil de continuar con el proceso erosivo, debido a que han sido suelos de cultivo y desprotegidos de vegetación por algún tiempo; que es necesario conservarlos con vegetación permanente, permitiendo que el bosque se forme por sucesión y otros procedimientos adecuados, como enriquecimiento con especies nativas que aceleren el proceso. La Constitución de la República del Ecuador, se contradice con el Artículo 74 anteriormente citado, al garantizar a las personas, en el Artículo 66: “…26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” De igual forma el Artículo 71 estipula: “…El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.” Así mismo los tipos de propiedad que son reconocidos en el Artículo 321 que estipula: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.”

Otro punto de contradicción del Artículo 74 de la Constitución se genera con la Ley de Gestión Ambiental, la ley rectora de todas las normas ambientales; aunque publicada en 1999, cuyo estatus está vigente, de muy buena estructura, dado su aporte internacional y de especialistas, por el ejemplo el Artículo 9 señala que le correspondeal Ministerio del Ambiente:“…f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los distintos organismos públicos y privados;…”. En lo referente a los mecanismos de participación social establece en el Artículo 28 que: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado.”

E inclusive en el glosario de definiciones establece lo siguiente: “Áreas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.

Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado.”

Antecedentes con los cuales dejo establecida la necesidad de reformar la Constitución, incluyendo a la iniciativa privada en los mecanismos de los servicios ambientales, que no sólo puede o debe hacerlos el Estado Ecuatoriano, sino también corresponden a la iniciativa privada; como lo recalco con los numerosos ejemplos que cito, y que inclusive deberían ser mayor la participación privada de las personas naturales o jurídicas, ya que el Estado no tiene el personal, ni los recursos para abarcar con todo ello, que incluso responde a una enorme campaña y compromiso y trabajo en todo el país de educación y difusión.

Los Derechos de la Naturaleza, estipulados en el Capítulo Séptimo de la Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 74 en el segundo inciso estipula que: “…Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación…”; lo que implica que solamente el Estado Ecuatoriano, y por delegación a través de sus instituciones, serán las encargadas de prestar servicios ambientales.

Sin embargo, encontramos que existen numerosas personas naturales y jurídicas privadas, que prestan servicios ambientales, especialmente en lo que corresponde inclusive a poseer y destinar grandes propiedades a áreas protegidas. Tenemos el caso por ejemplo en Loja, del Bosque del área Dr. Servio Aguirre Villamagua, declarado área de bosque y vegetación protector, ubicado en el sitio El Sayo, jurisdicción de la parroquia Santiago, cantón y provincia de Loja, de setenta hectáreas. De igual forma solamente, para citar como ejemplo en la provincia de Loja, y en el cantón Loja, existe también otro Bosque privado, llamado Área Rumi Wilco, a petición del señor Orlando Falco y cuatro propietarios, se declara bosque y vegetación protectores a sus propiedades, ubicados en el sitio Yamburara, parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja, con el propósito de emprender en acciones de conservación, investigación científica y reforestación con especies autóctonas de la zona a perpetuidad, suelo cuya extensión es de aproximadamente 40 hectáreas, terreno muy accidentado, erosionado y frágil de continuar con el proceso erosivo, debido a que han sido suelos de cultivo y desprotegidos de vegetación por algún tiempo; que es necesario conservarlos con vegetación permanente, permitiendo que el bosque se forme por sucesión y otros procedimientos adecuados, como enriquecimiento con especies nativas que aceleren el proceso. La Constitución de la República del Ecuador, se contradice con el Artículo 74 anteriormente citado, al garantizar a las personas, en el Artículo 66: “…26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas. 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.” De igual forma el Artículo 71 estipula: “…El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.” Así mismo los tipos de propiedad que son reconocidos en el Artículo 321 que estipula: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.”

Otro punto de contradicción del Artículo 74 de la Constitución se genera con la Ley de Gestión Ambiental, la ley rectora de todas las normas ambientales; aunque publicada en 1999, cuyo estatus está vigente, de muy buena estructura, dado su aporte internacional y de especialistas, por el ejemplo el Artículo 9 señala que le correspondeal Ministerio del Ambiente:“…f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los distintos organismos públicos y privados;…”. En lo referente a los mecanismos de participación social establece en el Artículo 28 que: “Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado.”

E inclusive en el glosario de definiciones establece lo siguiente: “Áreas Naturales Protegidas.- Son áreas de propiedad pública o privada, de relevancia ecológica, social, histórica, cultural y escénica, establecidas en el país de acuerdo con la ley, con el fin de impedir su destrucción y procurar el estudio y conservación de especies de plantas o animales, paisajes naturales y ecosistemas.

Protección del Medio Ambiente.- Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a prevenir y controlar el deterioro del medio ambiente. Incluye tres aspectos: conservación del medio natural, prevención y control de la contaminación ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales. La protección ambiental, es tarea conjunta del Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y sector privado.”

Antecedentes con los cuales dejo establecida la necesidad de reformar la Constitución, incluyendo a la iniciativa privada en los mecanismos de los servicios ambientales, que no sólo puede o debe hacerlos el Estado Ecuatoriano, sino también corresponden a la iniciativa privada; como lo recalco con los numerosos ejemplos que cito, y que inclusive deberían ser mayor la participación privada de las personas naturales o jurídicas, ya que el Estado no tiene el personal, ni los recursos para abarcar con todo ello, que incluso responde a una enorme campaña y compromiso y trabajo en todo el país de educación y difusión.