AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR EFECTOS DE LA AUSENCIA DEL PROCESADO, TESTIGOS O PERITOS EN LA ETAPA DEL JUICIO Y SU NECESIDAD DE REFORMA.

Abstract

Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, por lo que con su carácter garantista se ha preocupado de hacer prevalecer los derechos en el proceso que se lleva a cabo en el juzgamiento de un delito. La presente investigación ha sido realizada sobre un tema de interés social por tal razón y consciente de los diversos problemas que se dan en el juzgamiento de un delito, y ante la necesidad de promover un proceso ágil y una adecuada aplicación de justicia, me he propuesto realizar una investigación acerca de: AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR EFECTOS DE LA AUSENCIA DEL PROCESADO, TESTIGOS O PERITOS EN LA ETAPA DEL JUICIO Y SU NECESIDAD DE REFORMA. Me tracé como primordial objetivo realizar la investigación modular cuya temática es: “Realizar un análisis jurídico doctrinario, sobre el debido proceso y cómo se ve afectado por la ausencia de sujetos procesales, en la etapa del juicio”, la que ha sido desarrollada en todos los aspectos requeridos para su definitiva aprobación. Logrando comprobar la hipótesis planteada: La normatividad vigente en el Código de Procedimiento Penal, permite que el procesado, testigos o peritos no acudan a las audiencias respectivas con la finalidad de dilatar el proceso, para conseguir la prescripción de la acción y por ende la violación al debido proceso. Para la comprobación de esta hipótesis, se realizaron 20 encuestas, a profesionales del derecho en libre ejercicio profesional estableciéndose que la falta de normativa permite estos casos, ya que el sistema de seguridad y Justicia tiene un alto nivel de ineficiencia, y esto se refleja principalmente en el bajísimo número de crímenes graves que son esclarecidos. Esto implica por ejemplo, que la enorme mayoría de los asesinatos quedan impunes. Las diversas jurisdicciones policiales y judiciales siguen mostrando escasa capacidad para investigar, recolectar adecuadamente pruebas, individualizar responsables, encontrarlos y someterlos a un proceso en un tiempo razonable. En general, predominan la desorientación y el desborde de tareas, con el archivo de las actuaciones por el mero paso del tiempo como resultado más común. Esta actitud parece reflejar despreocupación por uno de los objetivos constitucionales de mayor trascendencia, afianzar la Justicia, generando escepticismo y desconfianza sobre el desempeño del aparato estatal en materia de esclarecimiento y sanción de los delitos.