Inequidad Jurídica entre el sector público con los particulares en el juicio contencioso administrativo respecto a la contestación a la demanda

Abstract

2. RESUMEN El juicio contencioso administrativo tuvo sus inicios en nuestro país cuando se estableció límites a los actos administrativos, facultando su impugnación ante organismos independientes de la administración gubernamental; en la actualidad la Constitución de la República del Ecuador dispone y somete al control administrativo y judicial del gestionar del poder público al sostener que todos los actos administrativos de autoridad pública son impugnables judicialmente, esto es mediante la justicia especializada del contencioso administrativo, juicio que nace de la estricta relación entre la administración pública y los administrados, cuando uno de estos acude ante el órgano jurisdiccional en materia contencioso administrativa a que se le restituya o reconozca un derecho vulnerado; el contencioso administrativo es un proceso especial en el que se litiga siempre contra la administración pública y una de las solemnidades sustanciales que tiene este proceso es la etapa de iniciación que se integra de la demanda, auto de aceptación y contestación, actuaciones de las que se derivan una serie de problemas jurídicos y en el que se encontró dos normas contrapuestas relacionadas con el tiempo de contestación a la demanda que traen problemas de aplicación y que en tratándose del derecho administrativo necesitamos seguridad jurídica, problema que es materia de la presente tesis de investigación, es por ello que se investiga este tema denominado “INEQUIDAD JURÍDICA ENTRE EL SECTOR PÚBLICO CON LOS PARTICULARES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESPECTO A LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA”, la investigación tiene 3 como objetivo general “Estudiar el marco jurídico que regula las acciones contenciosas administrativas”, lo que constituye un enunciado que abarca el tema y problema de investigación así como la hipótesis como conjetura o respuesta anticipada. Con el estudio del marco conceptual hemos comprendido que los tratadistas de derecho público han opinado acerca de la justicia administrativa y han clarificado sus instituciones y la necesidad de armonizar los principios constitucionales con los juicios contenciosos administrativos. Con el marco doctrinario hemos estudiado las diferentes corrientes que sobre el tema se han planteado y de la necesidad de plantear una justicia especializada por los objetivos que persigue la presencia de la administración pública que en este caso es demandado por los administrados. Con el marco jurídico el objetivo fue cumplido con el análisis de la Constitución en su parte orgánica y dogmática destacándose la función judicial en la rama especializada. A través de la investigación se ha podido demostrar que en las controversias entre la administración pública y los administrados para entregar justicia se relacionan dos leyes especiales la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado en el momento en que se traba la Litis estas tienen distinto tratamiento para la contestación a la demanda que a nuestro criterio resulta una inequidad jurídica por la utilización del tiempo lo que en la práctica vulnera derechos de los administrados que son quienes entran en la controversia. 4 Con el análisis de la normatividad vigente se establece cuáles son los problemas que se derivan y la necesidad de reformar y armonizar dichas leyes para que las acciones de lo contencioso administrativo tengan uniformidad y no se cause perjuicio al ente público. Tanto el marco jurídico como conceptual aclaran los problemas que se detectan en la práctica forense y administrativa de reformar la ley. En nuestro trabajo hemos planteado que esta inequidad prevista en las leyes atenta contra este principio muy noble de la seguridad jurídica, en resumen lo que hemos planteado como una conjetura o respuesta anticipada ha sido contrastado con el informe final que hemos realizado en esta investigación. Luego de análisis de la información y de la investigación de campo se determina la necesidad de que la Asamblea Nacional armonice las leyes Orgánica de la Procuraduría General del Estado y de la Jurisdicción Contencioso Administrativa mediante las reformas a las mismas con el propósito de dar uniformidad en la sustanciación del proceso específicamente a la contestación a la demanda otorgando iguales derechos a las partes que entran a litigar en la justicia especializada de lo contencioso administrativo