“LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.”

Abstract

La presente tesis se concreta al estudio de la problemática jurídico-penal ocasionada como consecuencia de la aplicación deficiente del principio de mínima intervención penal en el ámbito de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, y específicamente en cuanto a lo establecido en el Art. 44 del Reglamento de Responsabilidades publicado en el Registro Oficial No. 386 de 27 de octubre de 2006, donde se determina la posibilidad que de manera previa a enviar los correspondientes memorandos de antecedentes sobre la determinación de indicios de responsabilidad penal por manejo de recursos públicos para que sean aprobados por el Contralor General del Estado o su delegado, y luego sean remitidos a la Fiscalía General del Estado, se realice un requerimiento a los servidores públicos y más personas involucradas a fin de que procedan en forma inmediata a la reposición de los faltantes, esto en aras de priorizar los elevados intereses de la sociedad con respecto a los recursos públicos antes que el deber punitivo del Estado, promoviendo de esta forma una justicia restaurativa coherente con el principio de mínima intervención penal que promueve como uno de sus ejes sustanciales el Estado constitucional de derechos que es el Ecuador en la actualidad. Sin embargo, esta forma de aplicación de la mínima intervención penal adolece de serias deficiencias, en cuanto solamente es aplicable en cuanto a exámenes de auditoría externa y además no se promueve su aplicación obligatoria, promoviendo únicamente la mera reparación sin determinar ningún sistema de consecuencias administrativas para los presuntos infractores de manera que a futuro se pueda salvaguardar los intereses públicos. En relación con este problema jurídico-penal se realiza un profundo estudio teórico desde la perspectiva conceptual, doctrinaria y jurídica, así como por el trabajo de campo que ausculta la opinión de profesionales especializados en Derecho Penal. Sobre la base de todo el estudio se verifican los objetivos, se contrasta la hipótesis, se elaboran las correspondientes conclusiones y recomendaciones, así como la propuesta de reforma legal.