Necesidad imperiosa que exista la celeridad procesal, al momento de plantear la demanda de acción de protección, reforma a la Ley Orgánica De Garantías Jurisdiccionales Y Control Constitucional

Abstract

El art. 1 de la Constitución Ecuador señala que es el Ecuador, es un Estado constitucional de derechos y justicia; es donde tanto las instituciones como las personas debemos respetar el amplio catálogo de derechos que todas las personas, comunidades, pueblos, nacionales e incluso la naturaleza tiene. Así mismo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tiene por objeto regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución; más cuando en esta se establecen los derechos de protección, respecto de los trámites de acción de protección, y garantizar con los preceptos y principios fundamentales constitucionales de todas las personas. El presente trabajo de investigación y su tema la “Acción de Protección en la Constitución Ecuatoriana y su Imperiosa Necesidad de Reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional”, se basa en su Título III, Garantías Constitucionales, Capitulo III, Garantías Jurisdiccionales, sección 2da, Acción de Protección, art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador; en concordancia, con el Título II, Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, Capítulo I, normas comunes, art 10, inciso final, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ésta última citada Ley, se debe reformarse la disposición legal referente al término tiempo de tres días que dispone la jueza o juez para completar la demanda y que dicha disposición se encuentra contraria a la Norma Suprema, porque las garantías jurisdiccionales, en tienen un procedimiento sencillo, rápido y eficaz y al ponérsele una traba de largo tiempo, como es de tres días, pierde su importancia y valor y los derechos de las personas consagrados en la Constitución e Instrumentos Internacionales, son violentados de manera flagrante por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, particular o políticas públicas de las instituciones del Estado y para evitar tal violación a los derechos fundamentales, debo cambiar la disposición legal contraria a la suprema Ley, previo un análisis minucioso de la Constitución y la Ley de la materia. Se justifica el trabajo investigativo, porque al reformarse el inciso final del numeral 8 del art. 10 de la citada Ley, se podrá dar mayor agilidad y eficacia a la acción de protección, por lo que las juezas y jueces que conozcan de la Acción de Protección, no puedan buscar pretextos para disponer se complete la demanda en términos ambiguos establecidos en otras normas legales, ya que esto, no da mayor garantía para quien solicita justicia y la justicia es un derecho de todos