Sanciones para legisladores y funcionarios públicos con potestad normativa, por inobservancia a las garantías normativas reconocidas en la Constitución de la República

Abstract

A partir de la aprobación y promulgación el 20 de octubre del año 2008 de la Constitución de la República, se introdujeron en ella varias innovaciones e instituciones procedentes, principalmente, del constitucionalismo moderno europeo conocido como Neoconstitucionalismo, entre ellas, la aplicación directa e inmediata de la Constitución, los principios de aplicación de los derechos, la supremacía constitucional, entro otras; pero, la última de estas es la más relevante y transformadora dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, ya que manda que la Constitución, sus postulados y derechos reconocidos en ella, son de obligatorio cumplimiento y observación por todos. Y, entre esas innovaciones, en la actual Constitución encontramos un Título entero, que es el III y que dedica todo su contenido a las garantías constitucionales. El mismo las divide en: políticas, normativas y jurisdiccionales, algunas de las cuales ya constaban en la Constitución de 1998. Sin embargo, las garantías políticas y normativas son de nueva data, por ende poco estudiadas y entendidas. Particularmente, las garantías normativas significan que a través de la legislación, de la promulgación de nuevas leyes y de reformas a cuerpos legales ya existentes, no se pueden restringir ni vulnerar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Sin embargo, este mandato no se cumple ni observa por la Asamblea Nacional y los otros órganos con potestad normativa. En tal virtud, el presente trabajo demuestra como por la inobservancia e irrespeto a las garantías normativas que se da en el país, también se restringe y viola derechos y garantías constitucionales. Los demuestro con investigación teórica y de campo