La incautación como apropiación oficial de bienes ajenos

Abstract

El Código Orgánico Integral Penal establece la incautación como una medida cautelar de bienes muebles en los delitos de acción pública, para lo cual la administración puede vender previo avalúo comercial antes de que se dicte sentencia definitiva, pero no se indica en qué circunstancias, o que bien puede ser objeto de venta, antes de la sentencia, porque puede existir bienes de deterioro mediato o perecibles que es necesario su venta, pero existe bienes muebles como por ejemplo retratos, reliquias, joyas, que no deben venderse porque violentan el derecho al uso y goce.

Desde mi punto de vista no es la incautación una medida cautelar sobre los bienes sino más bien al no existir una regularización exacta en la norma respecto de los bienes que pueden ser incautados, se convierte en una apropiación oficial de bienes ajenos.

La venta del bien incautado sin que exista sentencia condenatoria que declare la responsabilidad del procesado, es una intromisión arbitraria en el goce del bien, así lo señala el marco jurídico del artículo 21 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando textualmente expresa que: “ Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.

La incautación de un bien, como medida cautelar, antes de la sentencia de la persona procesada, viola el derecho a la presunción de inocencia señalada en el Art. 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, en la cual indica que se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución en firme o sentencia ejecutoriada.

Conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 557 numeral 3, si al procesado se le ratifica su inocencia, tiene derecho a que se le devuelva el valor íntegro de los bienes vendidos, sin embargo no se considera si la persona a quien se le ratifica su inocencia lo que desea es que sus bienes sean devueltos, no el valor que por ellos obtuvieron en subasta pública.

En el pasado ya han existido errores judiciales al procesar a inocente como en el caso Chaparro vs. Ecuador, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado Ecuatoriano a pagar millones de dólares por haber actuado abusivamente, incautándole absolutamente todo a una víctima de la justicia ecuatoriana, quien luego de un tortuoso calvario pudo demostrar su inocencia, o acciones extraordinaria de protección como el caso Saman Vs. CONSEP de restitución de inmueble, cuando la persona no ha sido vinculante del delito.

El mismo cuerpo de Leyes señala que en un proceso donde se ha dictado medidas cautelares de bienes como la incautación, es el Estado quien debe custodiarlos, para que luego de la sentencia, si es ratificada su inocencia le sean devueltos en su plenitud, esta es la razón por la cual considero que existe una contradicción con el artículo 5 numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal que trata del estatus jurídico de inocencia, y tengo la firme convicción de que al ser todos los ecuatorianos iguales ante la ley, no se puede dar la facultad a la Administración de Justicia a que los bienes incautados sean vendidos, si no cuando el procesado ha sido declarado culpable del delito del cual se le acusa.

Así la normativa legal respecto a la incautación de bienes muebles se torna contraria contraviniendo el Derecho Constitucional relacionado con el goce del derecho a la propiedad que tenemos todos los ecuatorianos