Violación al derecho a la consulta previa de las nacionalidades indígenas, en la explotación de los recursos no renovables en sus tierras”, “propuesta de reforma

Abstract

La presente tesis titulada: “Violación al derecho a la consulta previa de las nacionalidades indígenas, en la explotación de los recursos no renovables en sus tierras”, “Propuesta de Reforma”, es producto de un amplio estudio de la realidad nacional debido a que al Ecuador le falta mucho recorrido político y jurídico para crear las condiciones mínimas para regular la gran minería de modo que sea sustentable y beneficie a las comunidades locales y al país, no así a las transnacionales y economías privadas. Uno de los retos más grandes que enfrentamos como sociedad es de insistir que el Estado no destruya las bases de la sustentabilidad.

El Ecuador se ha definido como un Estado que basa su modelo de desarrollo en el buen vivir, lo que implica un cambio de paradigma en la estrategia por obtener recursos que satisfagan las necesidades de los ecuatorianos sin comprometer los patrimonios naturales. Lo más importante de todo es que no podemos seguir impulsando y peor aun profundizando un modelo de desarrollo extractivista, basado en la explotación del capital natural, generando gran cantidad de pasivos ambientales, produciendo y enviando al exterior materias primas y envolviendo al país en el círculo de la pobreza.

En este sentido, las organizaciones demandamos una Ley Minera que respete los derechos de la naturaleza, de los Pueblos Indígenas y Comunidades, Es indudable que el gobierno debe hacerse una evaluación para antes de tomar una decisión que puede ser fatal para los ecosistemas remanentes de vida en el Ecuador, teniendo como marco referencial es hecho de que nuestro planeta está envuelto en una innegable crisis ambiental, alimentaria, energética, económica y moral. Debemos entonces exigir un modelo basado en nuestras verdaderas necesidades de soberanía alimentaria, soberanía energética, acceso al agua sana y abundante, paz social y solidaridad, que garantice una vida digna para las presentes y futuras generaciones.

Por lo antes expuesto, voy a trascribir el artículo que al realizar esta actividad lucrativa, se vulnera en forma integral como es el artículo 57 de la Constitución de la República donde establece: “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: numeral 7: La consulta previa, libre e informada, dentro del plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables se encuentran en sus tierras y que pueden afectarlas ambiental o culturalmente, participara en los beneficios de esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y sociales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y a la ley.

En el mismo sentido el Convenio 169 (Pueblos Indígenas y Tribales) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prescribe: “Artículo 61. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

El Artículo 151 del Convenio 169, determina que los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. En el numeral 2 encontramos: “En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”. Uno de los hechos en los cuales la Nueva Ley de Minería, se vuelve inconstitucional es en lo referente a la Consulta Previa. La nueva Ley no contempla un adecuado proceso de consulta previa, es más existen severas contradicciones en la ley, que no son más que francas violaciones constitucionales. La actividad minera, en todas sus fases y bajo cualquiera de las técnicas que se utilizan para la exploración, explotación o extracción de los recursos minerales afecta al ambiente y por ende la vida de los pueblos indígenas.

Es por ello que se pretende reformar a la Ley de Minería en su Art. 87 párrafo tercero en cuanto a que se respete la decisión de la comunidad