Estudio jurídico y doctrinario al artículo 169, no. 2 del Código Del Trabajo Del Ecuador, y 33, 326 numerales 1, 2 de la constitución de la República Del Ecuador” “necesaria reforma a la legislación laboral

Abstract

En nuestro país el sector empresarial privado con el propósito de no cumplir sus obligaciones contractuales con los trabajadores en las diferentes modalidades de contrato, sean estos contratos a plazo fijo e indefinidos mediante argucias y engaños hacen firmar papeles en blanco, los mismos que son luego llenados con un encabezamiento de renuncia al trabajo, aprovechando la disposición del Art. 169 numeral 2 de la Codificación del Código del Trabajo, por acuerdo de las partes trayendo consigo la vulneración de sus derechos irrenunciables, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 326 numeral 2 y en el Art. 4 del Código del Trabajo. De esta manera se convierte en una evidente inseguridad jurídica a los principios constitucionales reconocidos en Tratados Internacionales y en los marcos jurídicos vigentes en materia laboral, por lo que es necesario e imprescindible y urgente crear medidas jurídicas en el Código del Trabajo Ecuatoriano que sancionen a los empleadores que utilizan la causal segunda del Art. 169 del mismo cuerpo normativo con el fin de evadir sus obligaciones patronales. Tomando en cuenta que el Art. 33 de la Norma Fundamental de la República establece que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico fuente de realización personal y fuente de la economía nacional, y, más aún cuando el Art. 326 numeral 1 y 2 de la Constitución y en el marco jurídico laboral vigente, esto es el Código del Trabajo en su Artículo 4, guarda similitud con dicho principio constitucional numeral 2, y quienes deben tutelar los derechos del trabajador son los Inspectores y Jueces de Trabajo como lo dispone el Art. 7 del C. del Trabajo. Además se ha convertido en costumbre de la empresa privada despedir intempestivamente al trabajador y antes de que presente la reclamación administrativa o judicial, requerirles la carta de renuncia con el pretexto de liquidarle los haberes adeudados, evadiendo el pago de la indemnización por despido intempestivo, incluso hay otros casos en que la fecha de la carta de renuncia es anterior a la fecha en que el trabajador cesó en la prestación de servicios, es decir, no se le cancela los haberes completos. Incluso que les obliguen a firmar documentos en blanco o de títulos de crédito como Letras de Cambio y Pagarés a la Orden. Por ello surge la necesidad de reformar el Código del Trabajo, estableciendo sanciones pecuniarias a cargo de las Inspectorías Provinciales del Trabajo, que sancionen todo abuso por parte de los empleadores cuando solicitan la terminación del contrato de trabajo por acuerdo de las partes