La implementación del nuevo sistema de justicia de paz en el Ecuador

Abstract

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia que surge de la Constitución de la República de 2008, proclama como fin máximo buscar el Buen Vivir o Sumak Kawsay, a través de un reordenamiento de la estructura del Estado ecuatoriano y en consecuencia, de sus sistemas jurídico, político y económico. En este ámbito, el acceso de la sociedad a la justicia representa un reto esencial para lograr los objetivos planteados por la Constitución.

Como respuesta al sistema de administración de justicia ordinario, caracterizado por su lentitud, el Estado se ve obligado a incluir en los textos constitucionales un mecanismo alternativo a la administración de justicia llamado la Justicia de Paz caracterizado como un mecanismo capaz de resolver conflictos de forma más amigable, directa y efectiva, buscando la convivencia social y lograr una sociedad que se acerque a la justicia, esta nueva figura socio-jurídica se orienta no solamente a resolver conflictos sino que además busca educar a los ciudadanos para que se transformen en actores que busquen recuperar la armonía y la convivencia.

Nuestra Constitución en su art. 189, en concordancia con los arts. 247 al 253 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece la creación de los Jueces de Paz, por cuando desde que se promulgo la nueva Constitución de la republica hasta la actualidad han sido nombrados solamente 20 Jueces de Paz negándose con esto a gran parte de la sociedad el acceso a la justicia, ya que por diversas razones, cuestiones culturales, económicas o geográficas, imposibilitan la movilización, limitando con esto a muchas personas a resolver sus controversias ante una autoridad jurisdiccional, es así que esta implementación de una nueva justicia amerita ser tratada como un objeto de estudio.

Esta Justicia de Paz que, con experiencias diversas en la región andina, mantiene unos rasgos comunes tales como su carácter “lego”, pues no es ejercida por abogados, su naturaleza es conciliadora o mediadora misma que procede a juzgar en equidad, es decir, se solucionan los problemas no solo desde la ley sino también observando usos y costumbres del lugar o criterios de justicia o equidad.

El presente trabajo investigativo, tendrá como principal enfoque la necesidad reformatoria al Art. 248 del Código Orgánico de la Función Judicial mismo que determina que las juezas y jueces desarrollaran su labor como un voluntariado social, por lo que no percibirán remuneración por el desempeño del cargo, si bien se encuentra constituido, podría resultar opuesto con la garantía constitucional de que a igual trabajo igual remuneración, por lo que es necesario al amparo constitucional de dotar de remuneración al Juez de Paz, y así precautelar el cumplimiento de la norma mater