Necesidad de establecer en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal los objetos prohibidos que no pueden ingresar a los centros de privación de libertad, para la no vulneración de la seguridad jurídica

Abstract

Un centro de rehabilitación social, es el establecimiento destinado especialmente para los sentenciados por el cometimiento de un delito por un juez competente, para que puedan extinguir las sanciones determinadas. En nuestro país existen 35 centros de privación de libertad.

Los derechos y garantías de las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con el objetivo de precautelar la seguridad, interna y externa, de los Centros de Privación de Libertad habilitado un moderno sistema de seguridad Penitenciaria, que cuenta con equipos de última tecnología.

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Este derecho se ve amenazado con los reglamentos internos de los centros de privación de libertad, los cuales establecen a criterio de sus directivos objetos que para el común de las personas no atentan contra seguridad de los privados de la libertad. Un simple par de cordones o una cuchara metálica no pueden atentar con la libertad de las personas. Es necesario establecer en nuestro Código Orgánico Integral Penal los artículos prohibidos al ingreso en los centros de privación de libertad y los que se encuentre fuera de esta tipificación y sean considerados como prohibidos en sus reglamentos internos se sancione de forma administrativa o pecuniaria, aplicando el principio de mínima intervención penal