Enmienda al art. 208 de la Constitución de la República del Ecuador en relación a los deberes y atribuciones del consejo de participación ciudadana y control social

Abstract

El Ecuador es un estado de derechos y justicia social tal como lo determina su Art. 1, además se establece entre sus características que es un estado democrático, concepto que ha tenido una amplia variedad de nociones e interpretaciones, todas ellas con tendencia a establecer que el sistema democrático propugna la participación activa del pueblo en las decisiones del gobierno a través de los mecanismos de participación previstos en la constitución y la ley, uno de ellos el sufragio. Nuestra Constitución de la República vigente desde el 20 de octubre del año 2008 en su Art. 204 reconoce dos nuevas funciones del estado, la Función de Transparencia y Control Social, y la Función Electoral; nuestro interés se centra en la primera, siendo que es necesario revisar y analizar su connotación y trascendencia en la sociedad ecuatoriana a efecto de enfocar algunas limitaciones y falencias de carácter estructural de esta nueva función; a continuación transcribo lo dispuesto en el art. 204 de la Carta Magna: Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.” Desde esta perspectiva podemos observar que de todas las instituciones que integran esta función, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el órgano con más limitaciones y competencias restringidas, de tal forma que su ámbito de acción e intervención es meramente preventivo, informativo, lo cual resulta insuficiente en su objetivo de evitar los actos de corrupción dentro de la institucionalidad pública en el Ecuador. En razón de esto, considero fundamental revisar el marco normativo relativo a las atribuciones y competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y fortalecer el alcance de sus intervenciones, incorporando facultades de tipo sancionadora a efecto de promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción