Análisis de la acción de protección a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República del ecuador del 2008 y sus principales fortalezas y debilidades

Abstract

La Constitución de la República de 2008 reformula la figura del amparo para dar origen a una garantía constitucional revestida de las características que la doctrina le ha otorgado a los mecanismos de tutela efectivos para protección de derechos. Ello supone un giro radical del Estado, desde una visión liberal, hacia uno de derecho, y aún más allá, a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia en que la Norma Suprema es de directa e inmediata aplicación por parte de todos los jueces que, a su vez, se convierten en veedores de la constitucionalidad.

El carácter cautelar de residualidad o subsidiariedad de la acción de protección hace que la misma se vuelva viable en forma directa, solo cuando no exista un proceso judicial mejor y más beneficioso para la persona que propone la demanda, pues se entiende que esta acción solamente procede cuando la persona afectada en sus derechos constitucionales no disponga de otro medio eficaz de defensa judicial; sin embargo, en el artículo 88 de la Constitución de la República no se le da a la acción de protección el carácter de residual o subsidiaria, como aparentemente lo hace la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, debiendo primar en este caso la voluntad del constituyente por encima de cualquier contradicción en una norma secundaria o cualquier ambigüedad del texto; además, y como criterio fundamental, se debe observar el principio de supremacía de la Constitución señalado en el artículo 424 de la Constitución.

Para que la acción de protección tenga los resultados esperados por el constituyente, es indispensable que se produzca una evolución en el papel del juez, dado que el formalismo ha sido superado por la corriente neoconstitucionalista, cuya influencia es evidente en la Constitución de 2008.

Pero también juega un papel primordial la ley que sirva al juez de herramienta para la materialización de la garantía efectiva y la protección de los derechos, misma que debe desarrollar el programa estatal garantista y proteccionista, estableciendo parámetros de procedibilidad, criterios de admisión, métodos de interpretación, y más normativa procedimental necesaria para un correcto proceso de aprendizaje de la garantía, tratándose de una novedad jurídica.

Con estos elementos, he procedido a desarrollar el presente proyecto de investigación que su parte de Revisión Literaria se ha visto Antecedentes de la acción de protección. Evolución de la Figura del Amparo. Naturaleza jurídica de la acción de protección. Objeto de la acción de protección. Características de la acción de protección; procedencia, inadmisibilidad y admisibilidad de la acción de protección, trámite procesal de la acción de protección; estructura y contenido formal de la sentencia.

Por último en el trabajo de campo se ha visto las fortalezas y debilidades del sistema de administración de justicia en materia de garantías constitucionales, específicamente en torno a la acción de protección, entendiendo cuáles son los criterios utilizados por los jueces para admitir o rechazar una acción lo que se puede determinar, a su vez, del análisis de la interpretación que realizan a las normas sobre procedibilidad y admisibilidad contenidas en los artículos 10, 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional