Reforma al Código Civil respecto al allanamiento en los juicios de divorcio contencioso

Abstract

Siendo el divorcio una de las causas para la terminación del matrimonio y uno de los procesos más frecuentes en nuestro país, es fundamental que se tramite con celeridad. Nuestra legislación permite que el divorcio se tramite por la decisión de ambos cónyuges como el divorcio consensual; o por la decisión de uno de ellos, cuando exista una de las causales previstas para tal efecto, dando lugar al divorcio contencioso. La mayoría de los procesos de divorcio contencioso son extremadamente largos y tediosos por lo cual algunas personas prefieren abandonar este trámite, no solo por la pérdida de tiempo, sino también porque la situación económica no les permite continuar y dar solución a este proceso. La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 75 expresa: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad” . Es indudable que dentro del proceso de divorcio contencioso existe una parte que se encuentra afectada, sin embargo si las partes dentro de este proceso llegarán a allanarse a la demanda, el trámite debería ser más rápido. Pero esto no se cumple puesto que en el Código Civil en lo que se refiere a la prueba en los divorcios contenciosos en el Art. 121 expresa: “En los juicios de divorcio, a excepción de los de mutuo consentimiento, se abrirá la causa a prueba, no obstante el allanamiento de la parte demandada” , violentando el principio constitucional de la celeridad procesal. De igual manera nuestra Carta Magna establece en su Art. 169: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal” . De lo manifestado se puede observar que además de ser primordial el principio de la celeridad procesal, también se encuentra el de la economía procesal puesto que la administración de justicia tiene como fin buscar la verdad de los hechos y restituir los derechos afectados, por ello es fundamental tratar de no dilatar el procedimiento. ya que en el juicio de divorcio contencioso si la parte demandada se allana a las pretensiones del demandante, y expresa por escrito su voluntad de estar de acuerdo con el actor, se le dilata el proceso, y se abre la causa a prueba, vulnerando de esta manera los citados principios constitucionales. Es por ello imperiosa la necesidad de reformar el Art. 121 del Código Civil con el fin de establecer que luego del allanamiento de la demanda por parte del demandado se termine el proceso, y de esta manera se evitaría un trámite que ya no es procedente y cumplir con los preceptos constitucionales de celeridad y economía procesal