La omisión del debido proceso, por parte de las máximas autoridades de los establecimientos educativos, al aplicar la potestad sancionadora al personal docente

Abstract

El desarrollo de la presente investigación previo a la obtención del título de Abogado, gira en torno a la problemática derivada del derecho al debido proceso, en procesos disciplinarios del personal docente de los establecimientos.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un profundo análisis jurídico, crítico y doctrinario sobre las normas constitucionales y la protección del personal docente que ha sido sometido a un proceso disciplinario en las instituciones educativas.

A través del desarrollo de los contenidos teóricos y empíricos se ha logrado inferir que actualmente el procedimiento administrativo disciplinario del personal docente, no cumple con las garantías del debido proceso y los principios pro-omine y pro-trabajador establecidos en nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Los docentes enfrentan un procedimiento carente de imparcialidad, donde no se efectivizan las garantías procesales.

Si bien el procedimiento disciplinario es la vía para la autorregulación de la conducta de los docentes que brindan su contingente humano en las entidades estatales, quienes por su condición de servidores públicos se ajustan al Derecho Público para la regulación de su contratación, sanción y en el peor de los casos, su destitución; no obstante, la sustanciación del procedimiento disciplinario administrativo en el Ecuador, adolece de falencias e insuficiencias jurídicas que vulneran principios y garantías básicas, como el de la tutela efectiva, imparcial y expedita de derechos e intereses del servidor público.

Además, en el desarrollo de la investigación expongo lo que prescriben las legislaciones de otros países que, por su cercanía, resultan influyentes a nuestra propia normativa, y de las cuales se tomarán algunas circunstancias que pueden considerarse acertadas para formular el proyecto de reforma.

Finalmente, este trabajo es corroborado mediante la realización de un estudio de campo con respecto a la problemática a investigar, para lo que se ha recabado el criterio de un conjunto de profesionales de las ciencias jurídicas mediante la técnica de la encuesta y la entrevista, quienes han manifestado sus criterios y opiniones con respecto a la temática propuesta, sugiriendo incorporar reformas legales a la Ley Orgánica de Educación Intercultural