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dc.contributor.advisorVivanco Müller, Igor Eduardo-
dc.contributor.authorRedrovan Arichábala, Miriam Alexandra-
dc.date.accessioned2015-10-21T21:33:40Z-
dc.date.available2015-10-21T21:33:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/8594-
dc.descriptionThis research work presents a critical legal analysis of the Constitution, Integral Penal Code, Article 265 of COIP, which punishes a person when stores, transportation, packaged, marketed or distributed illegally hydrocarbons in the border provinces, maritime or inland ports or offshore territorial. According to the requirements of Oil and Gas Law this service shall be provided in accordance with the principles mentioned in Article 249 of the Constitution of the Republic, responding to principles guaranteeing free access to public services. In border areas, which are usually less developed areas, there is a high level of smuggling, because it is cheaper for consumers generating various effects, smuggling is essentially an informal activity, people obtain their own benefit, forced to resolve on their own. However, they may even commit certain offenses in order to achieve a purpose. Smuggling is an illegal activity, so an important component of the expected costs of the activity is the probability of capture and punishment of the person committing the crime. The government response to the problem of smuggling has been mainly due to the cost side. The militarization of the border and increased operational search and arrest smugglers intend to increase the expected cost of the activity. Smuggling is mainly an unintended consequence of the behavior of two variables that the government controls: prices of regulated goods and the exchange rate. While these variables do not conform to their true values, we will continue witnessing the phenomenon of smuggling. The gas and fuel are among the products that record as the most smuggled into the Ecuadorian and Peruvian borderes_ES
dc.description.abstractEl presente trabajo investigativo presenta un análisis jurídico crítico de la Constitución, Código Integral Penal, Articulo 265 del C.O.I.P, que sanciona a la persona cuando Almacena, transporte, envasa, comercializa o distribuye ilegalmente hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial. De acuerdo a lo prescrito en la Ley de Hidrocarburos vigente este servicio deberá ser prestado respetando los principios señalados en el artículo 249 de la Constitución de la República, respondiendo a los principios que garanticen el libre acceso de los Servicios Públicos. En las zonas de frontera, que habitualmente son las zonas de menos desarrollo, existe un alto nivel de contrabando, pues resulta más económico para los consumidores generando diversos efectos, El contrabando es esencialmente una actividad informal, las personas por obtener un beneficio propio, se ven obligadas a resolverlos por sus propios medios. Sin embargo, pueden llegar a cometer algunas infracciones con el fin de conseguir un propósito. El contrabando es una actividad ilegal, por lo que un componente importante de los costos esperados de la actividad es la probabilidad de captura y sanción de la persona que comete el delito. La repuesta del gobierno al problema del contrabando ha sido principalmente por el lado de los costos. La militarización de la frontera y el incremento de los operativos de búsqueda y captura de contrabandistas tienen la intención de incrementar los costos esperados de la actividad. El contrabando es principalmente una consecuencia no intencional del comportamiento de dos variables que el gobierno controla: los precios de los bienes regulados y el tipo de cambio. Mientras estas variables no se ajusten a sus valores verdaderos, seguiremos presenciando el fenómeno del contrabando. El gas y el combustible son unos de los productos que registran como los de mayor contrabando en la frontera ecuatoriana y peruanaes_ES
dc.format.extent137. pes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherLojaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/es_ES
dc.subjectCÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENALes_ES
dc.subjectVIOLACIÓN DE GARANTÍAS BÁSICAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESOes_ES
dc.subjectLA SANCIÓNes_ES
dc.subjectEL MINISTERIO PÚBLICOes_ES
dc.titleReformar el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal porque violenta garantías constitucionales básicas del derecho al debido procesoes_ES
dc.typebachelorThesises_ES
dc.tipo.spabachelorThesises_Es
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