La falta de etapa intermedia en los delitos de tránsito como causa de vulneración a la inocencia y otros principios del debido proceso penal

Abstract

La Asamblea Nacional Constituyente elaboró la Constitución que actualmente se encuentra vigente, la misma que es aprobada mediante referéndum el 28 de Octubre del 2008 y publicada en el registro oficial N° 449 del 20 de Octubre del mismo año, en esta carta magna que es considerada como la de mayor avanzada y garantista de derechos de América Latina, se establece entre otros derechos los de protección de los individuos. Uno de los más importantes cambios que se dan con la entrada en vigencia de la constitución de Montecristi es la introducción al sistema de administración de justicia del sistema acusatorio oral en todos los procesos, El art. 168 numeral 6 de la Constitución de la república del Ecuador estipula que la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo; el Código Integral Penal en el titulo VI establece el procedimiento y en su art. 560 instaura el llamado sistema acusatorio oral, en conclusión la Constitución contiene la normativa que hace efectivo el sistema acusatorio oral en el País. Una vez conscientes de las características de las normativas vigentes en el país en particular la de mayor jerarquía que es nuestra Constitución vamos a citar el art. 168 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Art. 168.- (Reformado por el Art. 85 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- Cuando el fiscal se abstuviere de acusar al imputado, el Juez podrá consultar al Ministro Fiscal Distrital, si éste revocare el dictamen del inferior, designará otro Fiscal para que intervenga en la etapa del juicio, si ratificare el dictamen del inferior, el Juez dispondrá el archivo de la causa de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Si el dictamen fiscal fuere acusatorio el Juez de Tránsito, dentro del plazo de diez días desde la fecha de su notificación, señalará día y hora para que tenga lugar la audiencia oral pública de juzgamiento, que se instalará dentro de un plazo no menor de tres días ni mayor a diez días siguientes a su convocatoria. Del artículo antes citado se desprende el tema del presente trabajo de tesis, por considerarse que por la inexistencia de una etapa intermedia propiamente dicha atenta el debido proceso, va en contra de derechos constitucionales como es la presunción de inocencia, de igual manera no se respeta la independencia e imparcialidad que debe existir con el Juez que conoce la causa, priva al acusado del derecho a la defensa, en conclusión destruye la lógica del sistema acusatorio oral. Como se puede observar el art. 168 de la LTTTSV es una norma imperativa, es decir de obligatorio cumplimiento y es evidente que está en manos del Fiscal el llamar o no a juicio, es decir deja casi inexistente el derecho a la defensa. Tomando estos antecedentes como punto de partida, el presente trabajo realiza un profundo estudio de las normas relacionadas con el tema, detallando los conceptos afines, adicionalmente se realiza una investigación documental, de campo y bibliográfica para llegar a la constatación de lo aseverado. Una vez desarrollado el mismo hemos podido determinar que el sistema acusatorio oral constitucionalmente implantado en nuestro país es garantista, claramente definido en sus tres instancias: instrucción fiscal, etapa intermedia y de juzgamiento. Empero en materia de juzgamiento de los delitos de tránsito no existe la etapa intermedia, las encuestas y entrevistas ven que la carencia de esta vulnera el debido proceso y principios constitucionales. Una vez realizada las comprobaciones respectivas y obteniendo los sustentos correspondientes nos vamos a permitir proponer una reforma jurídica al artículo 168 de La Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial (LOTTTSV) con el objetivo de mejorar y hacer respetar el debido proceso en el juzgamiento a las infracciones de tránsito, de esta manera se garantiza la seguridad jurídica y la justicia