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https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/8575| Título : | Reforma de la Ley Orgánica de la defensoría del pueblo referente a la protección de los derechos y garantías constitucionales y legales de los consumidores |
| Autor : | Vivanco Müller, Igor Eduardo Resabala Jaramillo, Cleopatra Juana Del Pilar |
| Palabras clave : | DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR LEY ÓRGANICA DEL CONSUMIDOR DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Loja |
| Resumen : | La situación de los consumidores en el Ecuador guarda relación con la transición de la economía hacia un modelo de libre mercado. En este nuevo entorno, la posición de los consumidores ecuatorianos, en su calidad de actores fundamentales del mercado, pudo haber jugado desde un inicio un papel preponderante en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ciudadanos y la dinamización de la economía. Sin embargo, el rol del sector no fue asumido espontáneamente ni por el Estado y los proveedores, así como tampoco por los propios consumidores, ya que hacía falta que la sociedad en su conjunto incorpore la visión de la demanda en el consumo de bienes y servicios. La posición de los consumidores en el Ecuador es de desequilibrio respecto a la de los proveedores. La sociedad está organizada desde la perspectiva de la oferta de los proveedores privados o públicos, lo cual obstaculiza la aplicación de los derechos de los consumidores. La información sobre las características de los bienes y servicios es muy limitada por la propia naturaleza de la relación consumidores-proveedores. Mientras quien produce, distribuye o comercializa conoce cabalmente el bien o servicio, el comprador solamente puede acceder a este conocimiento a través de los datos que se le entrega. Y es que el tratamiento insuficiente de los derechos de los consumidores ha agravado las condiciones de vida de millones de ecuatorianos, especialmente aquellos que se encuentran en el quintil de pobreza media y pobreza extrema. En fin las consecuencias de un consumo inadecuado incluyen impactos sobre la salud, la nutrición y la economía familiar. Al respecto en la Ley de Defensa al Consumidor en su Art. 81 se menciona la facultad de la Defensoría del Pueblo, que es “conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución de la República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas. En el procedimiento señalado en el inciso anterior, la Defensoría del Pueblo podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una infracción penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá acudir, en cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda |
| Descripción : | The situation of consumers in the Ecuador relates to the transition of the economy towards a free market model. In this new environment, the position of the Ecuadorian consumers, as the key players in the market, could have played from the beginning a role in improving the conditions of life of all citizens and the dynamism of the economy. However, the role of the sector was not spontaneously assumed nor by the State and providers, as well as for consumers, as it was required that society as a whole incorporates the vision of demand in the consumption of goods and services. The position of consumers in the Ecuador is imbalance with respect to the supplier. Society is organized from the perspective of the supply of public or private providers, which impedes the implementation of the rights of consumers. Information on the characteristics of the goods and services is very limited by the very nature of the consummators - provider’s relationship. While anyone who produces distributes or sells fully know the product or service, the buyer only can access this knowledge through the data that is given. And the inadequate treatment of the rights of consumers has worsened the living conditions of millions of Ecuadorians, especially those in poverty live. The consequences of an inappropriate consumption include impacts on health, nutrition and the family economy. The organic law of Defense of the consumer (LODC), which pick up over the constitutional principles, introduced substantial changes in relations was enacted in July 2000, consummators - providers. In parallel with the legislative and economic process, there have been public and private initiatives of a permanent nature, aimed at the dissemination, information and observance of the rights of consumers. These weaknesses are, among others, related how applies the law by authorities (mayors and Commissioners) and by the lack of implementation of the courts of contraventions, which prevents the adequate access of consumers to justice and limits the possibilities of repair them and compensation where appropriate. Governments and police stations depend on the Ministry of the Interior, subject to the instability of fluctuations of the policy and its nature does not allow the institutional consolidation. Thereon in the Defense Act to the consumer in his Art. 81 mentioned the power of the Office of the Ombudsman, which is "know and rule form on claims and complaints, to submit any consumer, domestic or foreign, that person resides or is step in the country and that it considers that it has been directly or indirectly affected by the violation or non-observance of the fundamental rights of the consumer “laid down in the Constitution, treaties or international conventions of which part our country, this law, as well as other related laws. Under the procedure referred to in the preceding paragraph, the Office of the Ombudsman may promote the use of alternative mechanisms for the resolution of conflicts, such as mediation, provided that such conflict does not relates to a criminal offence. "Without prejudice to this article, the consumer may call, at any time, the judicial or administrative authority concerned |
| URI : | http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/8575 |
| Aparece en las colecciones: | UED |
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