Limitaciones jurídicas del derecho a la resistencia y su necesidad de reforma

Abstract

El Art. 283 del Código Orgánico Integral Penal, tipifica y sanciona el ataque o resistencia con violencias o amenazas como delito, pero es el caso que la resistencia es considerado un derecho constitucionalmente garantizado a las personas, señalado en el Art. 98 de la Constitución de la República del Ecuador, en que los individuos o colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones y omisiones del poder público, o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos

Al tipificar el Código Integral Penal, el ataque y resistencia con violencias o amenazas como delito, desde el punto de vista de derecho éste último, va en contra a la seguridad jurídica, ya que por un lado, la Constitución reconoce a la resistencia como un derecho, pero por otro la legislación integral penal, es considerada la resistencia como un elemento del delito, la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública.

Los valores esenciales fundantes del Estado, incorporados en la Constitución, son los que pesan en la organización de la convivencia política y trasladan todo el Ordenamiento Jurídico y hacen de ésta una norma jurídica poseedora de una esencialidad distinta de las demás, valga decir, cualitativamente distinta del resto de normas del Ordenamiento jurídico y la dota de unas peculiares funciones.

Ante esta situación, la fundamentalidad de todos los derechos constitucionales está dada por su resistencia a la actividad legislativa, en lo que a sus contenidos esenciales respecta. La actividad jurídica de garantía nace como necesidad del modelo de Estado que limita los poderes públicos para salvaguardar los derechos fundamentales que, a su vez, al ser la característica de su universalidad la que los define y hace ser lo que son, derivan en ser la expresión jurídica de los valores centrales que son la dignidad, la libertad e igualdad de la persona, dándole el sentido a la actividad jurídica, determinando su finalidad. Los derechos fundamentales, por esa razón, son la forma que el Derecho expresa los valores que motivan al pacto social que se concreta mediante la expedición de una Constitución