Ineficacia del recurso de reposición como medio de impugnación de resoluciones administrativas dictadas por autoridades públicas

Abstract

La Constitución de la República en su Art. 173 establece con claridad meridiana los causes o vías legales existentes para impugnar los actos administrativos expedidos por las autoridades de la institucionalidad pública, de esta forma la norma refiere que: “Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial.” Es decir que ante la presunta afectación de los derechos de los particulares y administrados por efecto de una resolución administrativa, es factible la interposición de recursos de carácter administrativo que deben ser conocidos y sustanciados conforme lo prevé el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE); por tanto hay un procedimiento administrativo o litigación en sede administrativa, donde el administrado o persona afectada por esta resolución tiene la oportunidad de intentar rever la decisión administrativa dictada.

Este trámite se sustancia en sede administrativa o dentro de la misma institución donde fue dictado el acto, siendo que los recursos permitidos conforme lo establece el cuerpo normativo en referencia son el recurso de reposición, recurso de apelación y recurso extraordinario de revisión.

La importancia de este procedimiento administrativo radica en la oportunidad que tiene el administrado para hacer valer sus derechos a través de estos recursos sin la necesidad de activar el sistema judicial a través de demandas ante el tribunal de lo contencioso administrativo; por lo que resulta en teoría una forma adecuada de resolver controversias entre particulares y la administración pública sin la necesidad de congestionar el sistema judicial;

Sin embargo el conflicto se presenta cuando estos recursos y particularmente el de reposición, es inadmitido y desechado fácilmente por las autoridades públicas que dictan los actos administrativos, en la mayoría de los casos sin mayor motivación ni fundamentación jurídica, sin aceptar pruebas de descargo u otras justificaciones del cumplimiento de obligaciones de los administrados, omitiendo derechos fundamentales inherentes al debido proceso, inobservando términos para despachar;

Esto evidentemente atenta contra derechos subjetivos del administrado, no solo porque el recurso que se interpone no se atiende en derecho, con el consiguiente gasto del abogado que lo patrocina, sino que además es obligado a litigar en sede judicial con el gasto procesal que esto ocasiona incluso para el estado; la desconfianza de las personas particulares en los recursos administrativos ante la ineficacia de sus efectos, hace necesario investigar la forma que en que estos mecanismos son tramitados, la formalidad con la que son atendidos y principalmente la calidad de resoluciones de la administración pública, con el propósito de generar alternativas normativas que le den el valor real que merece el procedimiento administrativo de impugnación en el Ecuador