Insuficiencia jurídica de la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto a las facultades de la defensoría del pueblo y la protección de los consumidores

Abstract

La situación de los consumidores en el Ecuador guarda relación con la transición de la economía hacia un modelo de libre mercado. En este nuevo entorno, la posición de los consumidores ecuatorianos, en su calidad de actores fundamentales del mercado, pudo haber jugado desde un inicio un papel preponderante en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ciudadanos y la dinamización de la economía. Sin embargo, el rol del sector no fue asumido espontáneamente ni por el Estado y los proveedores, así como tampoco por los propios consumidores, ya que hacía falta que la sociedad en su conjunto incorpore la visión de la demanda en el consumo de bienes y servicios. La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008, recoge en su articulado los derechos internacionales de los consumidores, establece en el Título II De los Derechos, Capítulo II, Derechos del Buen vivir, Sección Novena, De las personas Usuarias y consumidores Art.52 que "Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor”.

En julio de 2000, se promulgó la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (LODC), que a más de recoger los principios constitucionales, instauró cambios sustanciales en las relaciones consumidores-proveedores. Paralelamente al proceso legislativo y económico, han surgido iniciativas públicas y privadas encaminadas a la difusión, información y cumplimiento de los derechos de los consumidores.

Al respecto en la Ley de Defensa al Consumidor en su Art. 81 se menciona la facultad de la Defensoría del Pueblo, que es “conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución de la República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas. En el procedimiento señalado en el inciso anterior, la Defensoría del Pueblo podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una infracción penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá acudir, en cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda. De ahí la importancia de realizar una investigación, encaminada a analizar las deficiencias que presenta la Ley de Defensa al Consumidor, al no proteger íntegramente en el resarcimiento de sus derechos, por cuanto no se efectivizan en cumplimiento de las normas constitucionales. Pues existe una insuficiencia jurídica en cuanto a la facultad de la Defensoría del pueblo para proteger los derechos de los consumidores cuando estosd han sido agredidos en ello, ya que en realidad dicho organismo no tiene potestad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado lo que hace que los trámites por defensa del consumdor sean engorrosos