Necesidad de establecer en el reglamento a la Ley de Servicio Público disposiciones específicas que permitan sancionar a la autoridad que dispuso un sumario administrativo sin fundamento o causales legales

Abstract

La institucionalidad del Estado permanentemente abatida por conductas ilegitimas de actores políticos que vulneran la estabilidad y gobernabilidad interna reflejan no solamente el debilitamiento de la democracia sino que atentan contra la seguridad jurídica que además de constituir uno de nuestros más importantes bienes, representan el emblema de protección y de certeza que tenemos los habitantes para esperar la reparación de nuestros derechos cuando de alguna manera han sido afectados.

La Ley Orgánica de Servicio Público, en su Art.44 determina que el sumario administrativo es “el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento se normará en el Reglamento General de esta Ley.

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor. De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las sanciones señaladas en la presente Ley. De establecerse responsabilidades civiles o penales, la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de justicia competentes. Mientras que la Ley de lo Contencioso Administrativo en su Art. 5 se establece; “Las resoluciones administrativas causan estado cuando no son susceptibles de recurso alguno en la vía administrativa, sean definitivas o de mero trámite, si estas últimas deciden, directa o indirectamente, el fondo del asunto, de modo que pongan término a aquella o hagan imposible su continuación.

El Problema de proteger las normas del orden jurídico contra su violación por parte de las personas jurídicas de carácter público, es sumamente difícil de resolver en la práctica, porque equivale a encontrar un medio para que la fuerza, el poder, quede sujetado por el Derecho, por el orden jurídico.

Las garantías individuales que con el título de individuales instituye nuestra constitución, propiamente se refieren a todo sujeto que tenga o pueda tener el carácter de gobernado en los términos en que expusimos este. En Ecuador, de manera similar a todos los modelos tratados, la Constitución de la República no considera ninguna norma expresa en donde se establezca que la Corte Constitucional es la intérprete supremo de la Constitución. No obstante, esta característica se la puede inferir de varias normas, de manera parecida como ha ocurrido en los modelos como supremacía constitucional, normatividad de la Constitución, y cosa juzgada constitucional.

Ahora bien, una nota particular en el caso ecuatoriano, es la poca claridad de las normas citadas. Si bien es cierto, los principios de supremacía y normatividad están explicitados en la Constitución de 2008, no son los suficientemente claros, no tienen una ubicación preferente en la estructura de la Constitución y aparecen como aisladas del conjunto. Además, no vinculan estas normas a la Corte Constitucional como responsable de establecer estos principios a través de sus sentencias.

De ahí la necesidad de realizar una investigación, en donde se analice la conveniencia de establecer en el reglamento a la ley de servicio público disposiciones específicas que permitan sancionar a la autoridad que dispuso un sumario administrativo sin fundamento o causales legales, con lo cual se garantizaran de mejor manera los derechos de los servidores públicos