Reformas al régimen legal del Código de la Niñez y Adolescencia aplicable a las personas obligadas a la prestación de alimentos

Abstract

La Constitución de la República del Ecuador, contiene entre las garantías que tutela al derecho a la alimentación e incorpora en lo atinente a derechos humanos y garantías fundamentales, inéditos arreglos institucionales y jurisdiccionales con miras a asegurar la atención del Estado a través de políticas públicas específicamente diseñadas. Esto tiene especial significación para los derechos económicos sociales y culturales, entre los que se inscribe el derecho a la alimentación. El derecho de alimentos, es uno de los más transcendentales que consagra el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se trata de un derecho cuyo objetivo es proteger la subsistencia misma de los niños, niñas y adolescentes, y lograr que su titular goce de las condiciones necesarias para que pueda lograr satisfacer sus necesidades y que la misma cubra la alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas; educación; cuidado; vestuario adecuado; vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos; transporte; cultura, recreación y deportes; y, rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva. Es importante señalar que derecho de alimentos del que gozan los niños y adolescentes debería ser únicamente de los padres, quienes como personas responsables son los que deben responder por todas las necesidades de sus hijos. Ahora al hablar de derecho de alimentos también debemos hablar de sus obligados subsidiarios. Hoy en día es común ver el alto índice de demandas en contra de los llamados obligados subsidiarios según la nueva reforma, a falta del obligado personal que es el padre o la madre del menor, y es más común ver las enormes solicitudes de apremio personal contra estos. El actual Código de la Niñez y Adolescencia en el Título V Del Derecho de Alimentos, en el Art…. 5 (130) dispone: “Obligados a la prestación de alimentos.- Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de ausencia, impedimento o limitación de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobados por quien los alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica y siempre y cuando no se encuentren discapacitado: en su orden: 1. Los abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y que no estén comprendidos en los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior y, 3. Los tíos/as” . Esta disposición ha generado una serie de problemas en los llamados obligados subsidiarios, que sin tener ninguna responsabilidad en la procreación de los hijos que reclaman alimentos se ven apremiados con el pago de estas pensiones alimenticias, según lo señala el Articulo innumerado de la ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, son obligados subsidiarios; los abuelos o abuelas, personas generalmente de la tercera edad, que ya no pueden trabajar, ni generarse ingresos de estas pensiones, cometiéndose un acto de abuso y atropello a estas personas de la tercera edad, a quienes por desconocimiento y falta de asesoramiento jurídico se les endosa obligaciones de sus hijos sin considerar la capacidad económica, como dice la Ley. Los tíos o tías con parentesco más lejano que los abuelos, también se sienten afectados por estas disposiciones, ya que tampoco tienen ninguna responsabilidad; los hermanos mayores de 21 años, que sean discapacitados o se encuentren cursando estudios, están exentos de esta responsabilidad, pero los que no se encuentran en estos casos, también son considerados obligados subsidiarios, y serán conminados al pago de dichas pensiones y aún bajo apremio personal. Con las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia se han activado casos de madres de menores en los que el padre de los niños no asume la responsabilidad, plantean directamente el juicio contra los abuelos, hermanos o tíos, o el que más recursos económicos tiene. Es necesario hacer una reforma a la Ley para eximir a los abuelos de cumplir obligaciones por la irresponsabilidad de sus hijos. Esta Ley violenta algunos derechos Constitucionales de los obligados subsidiarios, básicamente de los abuelos, porque en muchos de los casos son personas que no tienen los recursos necesarios para poder asumir estas obligaciones, que debieron ser asumidos por los propios padres. Esta forma de hacer cumplir la Ley resulta una contradicción con las normas Constitucionales, la cual garantiza los derechos de las personas de la tercera edad o adultos mayores, que en algunos casos han ido a parar a la cárcel. Según la Constitución vigente, se garantiza que las personas mayores de 65 años tengan acceso a condiciones de vida dignas, equitativas e igualitarias al igual que el resto de ciudadanos del Ecuador, sin embargo, estos derechos serían violentados si los abuelos tienen que pagar las obligaciones de sus hijos y peor aún si son privados de su libertad. Por estas razones debería reformarse esta Ley, especialmente en lo que se refiere a la prisión de los abuelos, quienes ya han cumplido sus obligaciones con los padres de los menores y porque la Constitución les garantiza sus derechos, los que no pueden ser violentados con la aplicación de una Ley secundaria. Además, para emitir una sentencia de estas, se “deben tener en cuenta criterios de proporcionalidad para obligar al resto de obligados subsidiarios