El cese de funciones en el sector público, con la compra de renuncias obligatorias, sus consecuencias, sociales, sicológicas y económicas

Abstract

Los servidores públicos vienen sufriendo una serie de atropellos y violaciones de los derechos laborales, de manera constante, estos abusos provienen de las reformas jurídicas constitucionales, legales y reglamentarias que se han implantado en nuestro país desde el año 2007. El Decreto Ejecutivo 813 de 7 de julio de 2011, publicado en el suplemento del Registro Oficial 489 del 12 de julio de ese año, reforma el Reglamento de la Ley (LOSEP), en el cual de forma inconstitucional e ilegal se añade una figura para la cesación de funciones de los trabajadores mediante la aplicación de las llamadas “compra de renuncias obligatorias con indemnización”. De manera más precisa las llamadas “renuncias forzadas, despidos intempestivos o despidos arbitrarios”. El despido ilegal y arbitrario no puede ser justificado con el reconocimiento de una compensación económica; el aceptar una situación de estas, marcaría un precedente desfavorable y significaría dar paso a la comercialización del trabajo. El trabajo es parte de la vida diaria de todo ciudadano y el factor determinante para alcanzar la dignidad humana, el bienestar y el desarrollo como seres humanos. Los despidos de miles de servidores públicos, realizados en el Ecuador al final del mes de octubre del 2011, nos deja ver la implantación a la fuerza de un modelo de institucionalidad pública necesaria para adaptar al Estado a los nuevos requerimientos del capital, y se comienza a hacer perceptible la afectación sufrida por los trabajadores ante la política laboral del gobierno, la misma que comenzó en la nueva Constitución, con una serie de reformas legales que abrieron el camino para el progresivo cercenamiento de derechos y libertades laborales, el despido masivo de trabajadores del sector público y la criminalización de trabajadores y dirigentes sindicales. Las políticas implantadas por el Estado en el país, en los últimos años nos muestran una tendencia regresiva en cuanto a las garantías y ejercicio de la libertad del trabajador.