Régimen de control de la actividad turística sobre la base de lo establecido en el art. 52 de la ley de turismo del Ecuador

Abstract

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia y en su artículo3 destaca el deber primordial del Estado de garantizar a todos los ciudadanos gozar de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

En su artículo11 determina que las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, están obligados a aplicarla norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.

De la misma manera, el artículo76 de la Constitución garantiza a los ciudadanos ecuatorianos que en los procesos el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier tipo, se asegurará el derecho al debido proceso, por lo tanto ningún ciudadano podrá ser juzgado o sancionado por una acción u omisión que al momento de cometerla no se encuentre contemplado en la legislación y concluye que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.

Además, la Constitución en su artículo82 es clara al establecer el derecho a la seguridad jurídica que se funda en el respeto a la Constitución y la obligación de que existan normas jurídicas previstas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, y en su artículo 132 se determina como competencia de la Asamblea Nacional el aprobar leyes y normas generales de interés común y especifica que se requerirá de ley para tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes.

Pese a la vigencia de las normas constitucionales antes citadas, la Ley de Turismo en su artículo52 señala los instrumentos de carácter general para el efectivo control de la actividad turística, entre ellos amonestación escrita, multas, clausura del establecimiento, por el cometimiento de faltas leves, graves y repetidas sin determinar el tipo de infracción y la pena por el cometimiento de la misma.

Las norma vigente para el sector turístico no especifica la sanción aplicable cuando un establecimiento del ramo a través de su representante sea persona natural o jurídica cometa faltas leves, comprobadas, graves y repetidas, así como la aplicación de las sanciones, por lo que para justificar esto y plantear una propuesta jurídica al respecto, se ejecuta este trabajo que cuenta con un amplio sustento teórico, con resultados de la investigación de campo, que confirman la existencia del problema y ratifican la pertinencia de realizar un planteamiento propositivo de reformas a la Ley de Turismo antes mencionada