Necesidad de regular el art. 478 del código orgánico integral penal, en relación a los servidores de la fuerza pública que apliquen de forma abusiva las medidas de constatación de identidad

Abstract

El Art. 478 del Código Orgánico Integral Penal establece medidas de constatación de identidad a través del llamado control de identidad, el cual resulta altamente peligroso para el derecho de los ciudadanos por las diversas y motivos que se exponen a continuación. De acuerdo al numeral 3 del Art. 478 del Código Integral Penal, las y los servidores de la fuerza pública, sin que medie orden judicial, como una actividad de carácter preventivo o investigativo, podrán realizar el control de identidad y registro superficial de personas con estricta observancia en cuanto a género y respeto de las garantías constitucionales, cuando exista una razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas o exista la presunción de que se cometió o intentó cometer una infracción penal o suministre indicios o evidencias útiles para la investigación de una infracción. De acuerdo a lo anterior la motivación para aplicar el control es la sola sospecha del agente que lo aplica; lo cual debe ser un primer llamado de atención para la ciudadanía, puesto que nunca antes habíamos estado sometidos a una figura penal que se basa no en hechos concretos, sino en meras suposiciones. Para intentar aplacar la incertidumbre de que se aplique a la sociedad una figura penal que puede involucrar registros sin orden judicial, el Código Orgánico Integral Penal trata de reconfortarnos incluyendo en el texto de su Art. 478 las palabras cuando exista una razón fundamentada de que la persona oculta en sus vestimentas cualquier tipo de arma que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas. Lejos de tranquilizar a la ciudadanía, esto debería alertarla de manera urgente. ¿Alguien podría decir a ciencia cierta qué es una razón fundamentada en el marco de los controles de identidad? El problema de aplicar conceptos tan abiertos como este, es que abren las puertas a la ilegalidad y el abuso, ya que para un agente de policía prácticamente todo podría ser una razón fundamentada, debido a que el Código Integral Penal no contempla un catálogo restrictivo de razones que puedan considerarse “fundamentadas”. El Derecho Penal por su propia naturaleza es represivo y de última ratio. Empero, para reprender, por lógica, siempre se debe esperar a que aquello que se reprende haya sido ejecutado primero. (No puedo castigar al niño porque creo que iba a romper el jarrón más adelante). El modelo de Derecho Penal que proponen los controles de identidad ya existía antes con el delito de asociación ilícita, donde un grupo de personas reunida "presuntamente" con fines delictivos, era sancionada por el sólo hecho de reunirse, aún sin siquiera consumar el delito que se planeaba (lo cual de paso rompe con los presupuestos del iter criminis). Lo que ahora nos propone el COIP con la figura del control de identidad es similar aunque más dañino aún, ya que no identifica siquiera al futuro comisor del delito, sino que se dispone a encontrarlo en una suerte de cacería. Si el policía me detiene y no halla nada que me relacione con un delito, debo agachar la cabeza e irme, porque el control de identidad es una medida preventiva de carácter obligatorio; si en el control me encuentran relacionado con algún ilícito, no habrá poder que me salve de una sanción, ya que mi situación se acaba de convertir en una flagrancia. Así, se puede apreciar que con los controles de identidad, todos perdemos, de una u otra forma. De la constatación de la identidad se advierte el riesgo que representa la aplicación desmesurada de esta figura, además de lo frágil que resulta el marco normativo al respecto. Sin contemplar un procedimiento claro ni sanciones para los elementos que apliquen esta figura de forma abusiva, es imposible pensar en una correcta ejecución de los controles de identidad. Además, debería proponerse en la propia norma un mecanismo de vigilancia constante a las actuaciones policiales, para que así los atropellos que pudieran llegar a darse sean corregidos inmediatamente. Corresponde ahora a los legisladores revisar los errores cometidos en la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, para que con más calma que la que emplearon en su examen preliminar, identifiquen los problemas de las figuras que esta norma contiene y propongan soluciones inmediatas