EL PROCEDIMIENTO ORAL EN MATERIA LABORAL Y LOS INCONVENIENTES QUE EXISTEN EN LAS NORMAS JURÍDICAS QUE REGULAN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

Abstract

La oralidad se encuentra instaurada como un principio de la administración de justicia ecuatoriana, en la Constitución de la República del Ecuador, y por lo mismo es de obligatoria aplicación en la sustanciación de todos los procesos, independientemente de la materia que se trate. En el ámbito laboral el Código del Trabajo, señala puntualmente que todas las controversias derivadas del contrato individual de trabajo, se resolverán a través de la sustanciación de un proceso oral. Además, la misma Constitución de la República del Ecuador, establece el derecho a la seguridad jurídica, como uno de los derechos de protección reconocido en favor de todos los ecuatorianos, el cual se basa en la existencia de normas claras, previas, precisas y públicas que puedan ser aplicables en favor de la tutela efectiva de los derechos de las personas. Tanto la oralidad, como la seguridad jurídica, no tienen un cumplimiento efectivo dentro de la normativa que regula la audiencia preliminar en el proceso laboral oral dentro del Código del Trabajo, pues existen errores de orden conceptual, que afectan la vigencia de la oralidad, como el hecho de que el demandado pueda dar contestación a la demanda de forma escrita, además de ello la legislación vigente guarda absoluto silencio respecto al efecto de la no comparecencia de la parte accionante a la audiencia preliminar, todo lo cual configura un problema de orden legal, que es abordado en este trabajo con el título: “EL PROCEDIMIENTO ORAL EN MATERIA LABORAL Y LOS INCONVENIENTES QUE EXISTEN EN LAS NORMAS JURÍDICAS QUE REGULAN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN”. La investigación se desarrolla de acuerdo con las normas vigentes en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y concluye con la presentación de una propuesta de reforma jurídica al Código del Trabajo, a través de la cual se pretende corregir las deficiencias legales que se han verificado, otorgando con ello mayor seguridad jurídica a las partes, mediante la consolidación de un régimen legal coherente con la protección expedita de sus derechos.