Bases legales para la libre tenencia y consumo de sustancias sujetas a fiscalización y sus repercusiones en el campo de la administración de justicia, de los consumidores y de los sujetos de delito

Abstract

La realidad social que vive actualmente nuestro país entorno a la discusión sobre: “la tenencia y consumo” regulado de sustancias estupefacientes, por parte de personas narcodependientes, más cuando en nuestra legislación ecuatoriana existen normativas legales donde se tipifica que el consumo de drogas no es delito, y se establecen en el Art. 30 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, codificación 2004, “prohibición de detención del usuario”, así como en el Art. 364 de la Constitución de la República del Ecuador; las adicciones son un problema de salud pública, en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales, bases legales que han ido ocasionando inconvenientes en tres aspectos; en el campo de la administración de justicia, consumidores y de los sujetos de delito. En razón que los administradores de justicia se han visto imposibilitados ante la necesidad de aplicar garantías constitucionales, esto es de ofrecer un programa de rehabilitación a la persona que ha sido determinada como consumidora, puesto que al momento de ser detenidos se practica mediante peritos especializados los exámenes psicosomáticos, que determina la calidad de consumidores, es decir no se cumple lo determinado en el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Salud, que los considera como un grupo vulnerable, a quienes no se les reconoce la calidad de enfermos y adictos, y mucho menos que tengan acceso a centros médicos especializados, otorgados por el Ministerio de Salud Pública, pues es de conocimiento general que no existen centros de rehabilitación de gratuidad, sin dejar a un lado la realidad social que se ve día a día en el accionar policial (Antinarcóticos), quienes son llamados a reprimir estos tipos de delitos, y que han palpado como este grupo vulnerable bajo diferentes modalidades puedan eludir el procedimiento policial y la administración de justicia, sin dejar de considerarse que al consumidor le vulneran sus derechos y garantías, en razón que en nuestro país no se proyectan políticas fiscales encaminadas a una verdadera rehabilitación de las adicciones, y campañas sociales informativas sobre prevención del tráfico y consumo indebido de drogas en la sociedad ecuatoriana, actos que han repercutido sobre las personas narcodependientes que ante una mala aplicación de la administración de justicia entre el consumo y la tenencia, han tenido que purgar penas no acordes a las infracciones cometidas y al no existir políticas de Estado, han sido sujetos de delito, sobre quienes recae directamente la consecuencia de la acción delictiva, bajo estas circunstancias me he visto en la necesidad de realizar un estudio pormenorizado en el ámbito general sobre las bases legales para la libre tenencia y consumo de sustancias sujetas a fiscalización y sus repercusiones en el campo de la administración de justicia, de los consumidores y de los sujetos de delito, que es evidente que son problemas sociales que a la falta de una política pública, judicial y de salud, avoque la tarea de garantizar los derechos constitucionales de las personas narcodependientes.