Necesidad de contemplar en el código tributario, el arbitraje tributario

Abstract

La transacción es un mecanismo alternativo constitucional en la solución de conflictos; ese procedimiento se pone en vigencia en el ámbito civil, por así estipularlo el artículo 2348 y siguientes del Código Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 294 también permite la transacción con la condición que no se vulneren los derechos irrenunciables de la niñez y adolescencia; la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el artículo 104 permite utilizar procesos de mediación y arbitraje en derecho que lleven a solucionar diferencias en la contratación pública; y, el Código de Procedimiento Penal, innova sus disposiciones con el acuerdo de reparación, esto naturalmente se refiere al daño causado, es decir el autor de un delito puede realizar transacción con el ofendido a fin de llegar a un acuerdo amigable y de paz, sobre el daño que hubiere ocasionado y de alguna manera tratar de recompensar el perjuicio. Es así que en nuestra legislación, tanto civil, penal, de contratación, de la niñez y adolescencia se permite la transacción, constituyendo un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, en que se tramita, se gestiona, fuera del juicio o proceso en un conflicto de derecho; pero más sucede en la legislación tributaria, nada indica de la transacción como medida alternativa en la resolución de conflictos que surgen de los contribuyentes y el ente recaudador de tributos que es el Estado.El Arbitraje en Materia Tributaria, debe cumplir ciertos parámetros y preceptos para que puedan tener plena validez y sustanciarse de manera adecuada, estableciéndose el procedimiento como los actos administrativos que son sujetos a Arbitraje, los tiempos de Resolución los recursos que se pueden interponer, y en general una descripción detallada del proceso como tal. Lo que se plantea en esta investigación es crear una herramienta legal y práctica que permita descongestionar los Tribunales Fiscales del país, y garantizar una pronta resolución de las controversias tributarias originadas entre el Estado y las personas naturales o jurídicas, evitando el detrimento de los derechos que le corresponde a cada sujeto.