Ejercicio de funciones para los dirigentes de las organizaciones, confederaciones, federaciones, comunidades y pueblos, sobre el ajusticiamiento indígenas en el ecuador

Abstract

El ajusticiamiento indígena constituye un derecho Constitucional debidamente consagrado en la carta magna de la República como en los tratados Internacionales, pues ahora bien existen muchas normativas y derechos garantizados para proteger a las personas. Entonces diremos, el aporte de la experiencia propia y de especialistas en la materia, y del bagaje acumulado por los nativos, el reconocimiento y fortalecimiento del sistema de justicia indígena, mediante el empoderamiento de las comunidades, pueblos y nacionalidades con la legitimación del derecho propio o consuetudinario enmarcándose en el acatamiento de sus resoluciones y formas como aplicar los castigos y sanciones por parte de sus dirigentes de las comunidades, organizaciones y la implementación de políticas y leyes que posibiliten la armonización y los conflictos de los dos sistemas jurídicos. El presente trabajo se encuentra encuadrado en el análisis y la instauración de una Ley para una mejor aplicación de ajusticiamiento indígena sobre las diferentes infracciones que se cometen, y viene impartiendo a lo largo y ancho del Estado ecuatoriano, ya que, bajo el pretexto de hacer justicia, se están violentando constantemente los derechos fundamentales del ser humano que garantiza la Constitución y los Tratados Internacionales. En los diferentes sectores del país, se ha hecho cada vez más evidente la presencia de castigos físicos, linchamientos, torturas, etc. Que, según las comunidades y poblaciones involucradas, buscan frenar el índice delincuencial que azota a sus jurisdicciones. En los sectores urbanos marginales, campesinos y más asentamientos de los nativos, es en donde se producen la mayor parte de ajusticiamientos populares, que han venido cometiéndose, a través de una serie de irregularidades en contra de los derechos humanos. Esto al parecer no preocupa a la dirigencia indígena, que por el contrario ve con buenos ojos, la facultad constitucional que se les otorga para impartir castigos físicos corporales inhumanos en razón de administrar justicia bajo confusos principios ancestrales constantemente invocados. Por otro lado está la civilización mestiza y blanca del Ecuador que, aunque acepta de cierto modo la aplicación de estos métodos empíricos para combatir a la delincuencia, no es menos cierto que se encuentra alarmada por la serie de violaciones a los derechos humanos, cuyo respeto es necesario a nivel mundial y sin excepción de persona o etnia alguna. Además en un país donde existe una categorización jurídica establecida, misma cuyo conocimiento y aceptación debe ser general, resulta contraproducente el hecho de facultar competencias minoritarias e improcedentes de cierta manera es necesario normalizar este tipo de atropellos que se cometen en algunos sectores.