La acción de protección como mecanismo jurídico idóneo que permita establecer la vulneración de derechos constitucionales y humanos para remediarlos

Abstract

En el Ecuador, el cambio de un Estado Liberal con modelo constitucional a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, trae como consecuencia un cambio de cultura jurídica. La Constitución del Ecuador de 2008, en esencia garantista, crea una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, como son: la Acción de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la Acción de Hábeas Data, la Acción por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la Información Pública y la Acción Extraordinaria de Protección. Si bien es cierto que la Constitución del Ecuador de 1998 reconocía algunas garantías constitucionales como la Acción de Amparo, el Hábeas Corpus o el Hábeas Data; la falta de conocimiento, voluntad política o cultura jurídica para aplicar normas constitucionales, de derecho internacional o de jurisprudencia de organismos internacionales de derechos humanos, trajo como consecuencia que en varios casos, los jueces de instancia o el propio Tribunal Constitucional, continuaran aplicando normas internas de derecho civil, administrativo, penal u otras. Algunos autores consideran que las acciones constitucionales constituyen derechos en si mismos, haciendo alusión a la obligación internacional de los estados de introducir garantías judiciales que protejan derechos humanos en sus ordenamientos jurídicos. Tomando en consideración todos los aspectos antes mencionados, se puede indicar que la existencia de la Acción de Protección establecida en el Artículo 88 de la Constitución del Ecuador del 2008 ha provocado un espacio de respeto legislativo, para los hombres y mujeres como mecanismo jurídico que tiene como objeto el amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, aun así ha sido mal versionada al existir vulneración de los derechos constitucionales y humanos, por lo cual es necesario reforzar el texto legal armonizándolo con otras normas relacionadas, especialmente en lo que se refiere a los actores políticos y no judiciales.