La vulnerabilidad del derecho de libertad a ser consultados los servidores públicos por la reforma establecida al art. 108 del reglamento a la ley orgánica de servicio público, mediante el decreto presidencial n° 813

Abstract

La elaboración y estructura del presente trabajo de investigación, como es mi Tesis, posee una importarte notabilidad en la aplicación de los derechos laborales que establece la Constitución de la República del Ecuador, y la concordancia que tiene que existir con la Ley Orgánica del Servicio Público, y su Reglamento, en lo concerniente a la Aplicación del Decreto 813 de 7 de julio 2011, mismo que ha causado, que varias instituciones públicas se han acogido este decreto y se ha producido una ola de despidos masivos, causando una inseguridad laboral a este grupo de ciudadanos. Motivado por esto, he visto la necesidad de investigar si el Decreto antes mencionado guarda el respeto a la jerarquía jurídica y la concordancia en especial con lo que manda en los artículos 11, 33, 61, 66 y 229, la Constitución de la República del Ecuador, y el artículo 23 en especial de Ley Orgánica de Servicio Público. Lo que resultaría innecesario la aplicación del decreto antes mencionado, en virtud que ya está tipificada una manera eficaz la destitución de servidores corruptos, por la vía del procedimientos de la Cesación de Funciones, en estricto derecho conforme a la Ley Orgánica del Servicio público, observando como principio la gravedad de las faltas, en este sentido comenzar por las amonestaciones verbal, escrita, etc., hasta llegar a la destitución del servidor público, aplicando el sumario administrativo. El sumario administrativo en el Ecuador es un modo eficaz de destituir al mal servidor público, siempre y cuando la aplicación de la misma se enmarque en Derecho. Por todo lo anterior, quiero añadir que los servidores públicos encargados de la parte administrativa de las entidades públicas, en el cumplimiento de sus función deberían actuar conforme a lo que la Constitución como ley suprema, y la LOSEP, en los casos de cesación de funciones, con el fin de que no se prive entre los principales los derechos de elegir y ser consultados a los empleado público. Esto se debe considerar en beneficio directo de todos los ciudadanos del Estado Ecuatoriano, porque tenemos que darnos cuenta que tras de un servidor público existe una familia que depende de él, y además es obligación de todos defender los derechos constitucionales, porque ahora son los servidores públicos, luego le tocara a otro grupo si no hacemos nada.