La responsabilidad objetiva por el daño ambiental y la inversión de la carga de la prueba, necesidad de incluir normas procedimentales para regularla

Abstract

Con la finalidad de garantizar el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado el Estado ecuatoriano reconoce el derecho de cualquier persona, colectividad o grupo, a acudir ante los órganos judiciales con la finalidad de requerir la suficiente tutela jurídica en materia de protección ambiental, esta posibilidad implica la de poder solicitar medidas cautelar orientadas a lograr que cese la amenaza y el daño materia del litigio. Para garantizar que se cumpla este principio se establece que la carga de la prueba sobre la inexistencia del daño ambiental acusado, recaerá sobre la persona que realiza la actividad o el demandado. Es decir se instituye dos principios esenciales en materia de daño ambiental, como son la responsabilidad objetiva y la inversión de la carga de la prueba. Pese a la importancia del precepto constitucional anterior este no ha sido desarrollado procesalmente, ya que en el Código de Procedimiento Penal no existen normas orientadas a regular los principios antes indicados, generándose un vacío jurídico que pone en riesgo el derecho trascendental a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. Para enfocar la problemática anterior se desarrolla el presente trabajo investigativo, que se lleva por título: “LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR EL DAÑO AMBIENTAL Y LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, NECESIDAD DE INCLUIR NORMAS PROCEDIMENTALES PARA REGULARLA”. Dando cumplimiento a las exigencias reglamentarias vigente en la Universidad Nacional de Loja, la investigación se estructura con una amplia base teórica, y presenta también resultados objetivos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, toda esta información conduce a establecer conclusiones y recomendaciones, y permite finalizar con el planteamiento de una propuesta jurídica de reforma al Código de Procedimiento Penal, para regular la responsabilidad objetiva por daño ambiental.