Necesidad de crear una unidad en la defensoría pública gratuita para las víctimas de la delincuencia. Reforma al código orgánico de la función judicial

Abstract

El aumento de la delincuencia, y el manejo lento por parte de la Defensoría Pública, que ha permitido la liberación indiscriminada de delincuentes peligrosos, poniendo en riesgo la seguridad personal de los ciudadanos y de sus bienes, obliga a que el marco jurídico ecuatoriano proteja de manera privilegiada a quienes sufren el embate de la delincuencia. Es inaceptable desde cualquier consideración, pretender dejar a las víctimas de la delincuencia en indefensión, como consecuencia del accionar de los delincuentes en contraste con los afectados. Se ofrecen ventajas procesales a los victimarios por el patrocinio e intervención de la Defensoría Pública, que defiende exclusivamente a quienes aparentemente no tienen quien les represente en los procesos penales. Es inconsecuente, que las leyes favorezcan a quienes delinquen y son reos de la justicia, contraviniendo incluso derechos constitucionales, legales y convenios internacionales como la Resolución de las Naciones Unidas, denominada “Declaración sobre Principios Fundamentales de la Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abuso de Poder”, que invoca a proteger a quienes han sido víctimas de delitos. Estamos viviendo los ecuatorianos una agresión delincuencial sin precedentes, producto de las políticas erradas de este gobierno en el ámbito penal, que ha patrocinado reformas inaplicables y que favorecen a reclusos peligrosos que han sido puestos en libertad por la actuación de la cuestionada Defensoría Pública, también creada en este gobierno. A pretexto de que la norma constitucional es garantista, que por cierto pasa por la ideologización de las estructuras del Estado y se termina malinterpretando al garantismo, también se manifiesta que el derecho penal debe sujetarse al mismo sistema, y es así que increíblemente se protege al delincuente, al victimario en detrimento de la víctima, es decir que se está ultrajando los derechos constitucionales y legales de la víctima, a pesar de que es ésta y su entorno familiar quienes soportan las consecuencias del delito. A esta trágica realidad, hay que agregar la pésima y lenta administración de justicia, agravada por los actos de corrupción de algunos operadores de justicia, que no vacilan en torcer la ley en detrimento de la justicia, a la que se añade el cómplice accionar del organismo de control disciplinario de la Función Judicial, como es el Consejo Nacional de la Judicatura, que a pesar de que están en funciones casi un año, el sistema de justicia continúa en decadencia. Prueba de ello es que pese a tener pruebas contundentes en contra de jueces corruptos, no han hecho absolutamente nada por impedir que se sigan cometiendo barbaridades jurídicas, que menoscaban gravemente el imperio de la ley y la justicia. Hasta que las condiciones políticas brinden la oportunidad de implementar una reforma integral, seria y técnica de la administración de justicia en el Ecuador, que pase por una reforma legal del sistema penal y penitenciario; es conveniente, procurar una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, que permita ayudar y asesorar a quienes son víctimas de la delincuencia, ya que el rol preponderante del Estado es y debe ser el de proteger en primer orden y sin lugar a dudas, a los ciudadanos honrados que desarrollan sus actividades aportando a su desarrollo personal y familiar y que hayan sido víctimas de la delincuencia. Es absurdo que en nuestro país se proteja más al delincuente y reo de la justicia, antes que a la víctima de éste, como en efecto viene ocurriendo con la actual Defensoría Pública, que actúa incondicionalmente en defensa de los reos. La actuación preprocesal y procesal penal de la Fiscalía no es suficiente para garantizar que los derechos de la víctima no se conculquen, en función que este organismo de la administración de justicia se dedica más a investigar y a indagar el delito y no le ha prestado casi ninguna atención a quienes son víctimas de la delincuencia. Es inconstitucional e ilegal el discriminar el derecho a la defensa a las víctimas de la delincuencia, que son los que realmente necesitan de asistencia social y jurídica del Estado y cuyos derechos terminan siendo gravemente afectados.