Incorpórese en la ley orgánica de defensa del consumidor, potestad a la defensoría del pueblo, para la recabación de elementos probatorios, en defensa de los derechos del consumidor

Abstract

Los conflictos que se producen en la sociedad, son la consecuencia de la falta de acciones legislativas que precisamente se encargan de concretar deliberaciones que permiten discutir en el pleno, las solución de tales, en cuanto al manejo de la administración de justicia, o por lo menos de las autoridades que se encargan de proteger los derechos fundamentales de los individuos que forman parte de la sociedad. Sin duda alguna, que las propuestas bien analizadas se concretan en Ley, el presente caso, tiene que ver con la protección de los derechos de las personas que han resultado perjudicadas por ciertas acciones en el ámbito del comercio o prestación de servicios, en calidad de consumidores, quienes tienen estrictamente canalizados sus derechos, más no así el conflicto que se presenta en el procedimiento a la solución del mismo, cuando atenta al debido proceso determinado en nuestra Constitución de la República del Ecuador. Dentro de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se observa un procedimiento que atenta como digo al debido proceso, específicamente el determinado en el Art. 84., del precitado cuerpo de leyes, el que precisamente ataña respecto de la aportación de prueba, no habiendo posibilidad de anunciar las que podrán judicializarse dentro del juzgamiento respectivo, lo que atenta el debido proceso garantizado por la Constitución de la República, en cuyo caso, se produce un conflicto que puede violentar el derecho de defensa de una persona. Finalmente atender el problema, tiene que ver con la factibilidad de una tramitología apropiada que permita acceder a un juzgamiento adecuado, bajo estricto acogimiento de los principios determinados en la legislación, como el de contradicción, inmediación, seguridad jurídica, sistema procesal, justicia social, carga de la prueba etc., que es precisamente lo que resulta de la solución al conflicto planteado en la problemática, cuando es factible que sea la potestad de la defensoría del pueblo, actuar las acciones preparatorias para el éxito en el juzgamiento, con la producción de prueba y el agotamiento de todos los elementos de justificación que le permitan al juzgador actuar bajo estricto apego a la Ley.